La postal del primer debate en Diputados sobre la ley de jubilaciones fue sin dudas patética: de menor nivel que alguna estudiantina, agregó provocaciones, respuestas del mismo nivel, olvidos repentinos sobre el pasado reciente y una cuota de incapacidad para encauzar la discusión. En estas horas, con todo y fuera de algún arrepentimiento por lo ocurrido en la reunión de comisiones, la tensión está puesta en la suma de apoyos para el decisivo capítulo de la votación en el recinto. El oficialismo, naturalmente, puso la cara pero la presión se trasladó a los legisladores más cercanos a los gobernadores del PJ.
Uno de los problemas centrales radica allí, en la prueba de la solidez del acuerdo con los jefes provinciales peronistas. En los principales escritorios políticos del Gobierno se resolvió apurar hoy el trámite, como planteaban incluso algunos legisladores encumbrados del oficialismo, en paralelo a nuevas gestiones con los gobernadores y sus operadores desde el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. Tal vez garantice que no se diluyan los lazos entre provincias y diputados. En cambio, resulta menos imaginable que amortigüe los costos iniciales que provoca la medida en debate: la protesta de organizaciones sociales y la dureza de la CGT, que llama a un paro nacional, sumaron temperatura.
En el terreno puramente político, el antecedente es conocido. La idea global de esta reforma fue firmada por veintitrés distritos, incluida Santa Cruz –con la firma para la foto de Alicia Kirchner– y varias provincias en manos de gobernadores que exhiben posiciones duras frente a Mauricio Macri, entre ellos el pampeano Carlos Verna, el formoseño Gildo Insfrán -enojado además por la causa que lo vincula a Amado Boudou– y la catamarqueña Lucía Corpacci. La fórmula de ajuste de las jubilaciones ya fue revisada y aprobada en el Senado con apoyo de ese frente heterogéneo del PJ.
Por supuesto, no es ese el único tema. En todo caso, el vértigo en Diputados está asociado al problema mayor: la pérdida que registrarían los haberes de los jubilados –también, la AUH y otras asignaciones- por efecto directo del tiempo de empalme entre la actual fórmula de ajuste y el nuevo mecanismo de aumentos. Es una cuestión de sensibilidad, ausente por ahora: el ruido en la reunión del martes fue nutrido por demagogias variadas y falta de fundamento acerca de por qué habría que esperar un año, si el cálculo del oficialismo es acertado, para revertir y superar una situación que podría ser evitada en el arranque.
Las necesidades y el complicado y crónico problema de caja que arrastra la Anses son conocidos. También lo es que resulta imposible resolver ese cuadro en un solo acto. Desde que empezó a instalarse la discusión, una cifra de impacto asegurado circula sin parar: se habla de un ahorro fiscal que oscilaría entre los 65.000 y los 100.000 millones de pesos. Suena fuerte, pero vale preguntar: ¿supera la categoría de alivio muy coyuntural, con el agregado de sus costos visibles? Y aún así: ¿resulta razonable cuando no resuelve la cuestión de fondo y se ha establecido por ley un plazo hasta 2019 para elaborar una propuesta que garantice la sustentabilidad del sistema previsional?
A las urgencias de carácter presupuestario, el oficialismo acaba de añadirle el peso del desafío político que se impuso. Se ha dicho: el Gobierno no puede correr el riesgo de perder una votación o de aplazarla si se traduce como derrota, por el daño que produciría sobre el capital político renovado y acrecentado en las elecciones de octubre. Recorre ese camino, un peligroso desfiladero, apremiado por los tiempos que decidió para llegar a fin de año con las reformas aprobadas.
El oficialismo hizo todos los gestos posibles para desactivar sus internas, convencidos muchos, resignados otros. ¿Disciplinados todos? En la conducción de las bancadas y del interbloque dan por bueno que reunirían 106 votos propios. Restan 23 para garantizar quórum, y mayoría a la hora de aprobar el proyecto con un recinto que se anticipa a pleno. El gesto de Cambiemos, destacan fuentes legislativas, fue pensado por partida doble: apuntó a su interior y a los socios del peronismo en esta iniciativa.
Las dudas o recelos internos habían sido expresados hacia afuera por Elisa Carrió. El lunes, ministros y otros funcionarios se reunieron con la primera línea de diputados. El resultado fue un documento firmado por todos los integrantes del interbloque, es decir, el PRO, la UCR y la CC. Fue un mensaje a los colegas del bloque peronista que reúne unos treinta legisladores y que en líneas generales responde a los gobernadores. La reforma previsional pone a prueba, precisamente, hasta dónde llega la correspondencia con los jefes provinciales del PJ. También, el poder o ascendiente de ellos mismos.
El comunicado de todos los integrantes del frente Cambiemos restó un elemento de justificación al bloque peronista-no kirchnerista, porque ya se esgrimían las desavenencias dentro del oficialismo para advertir que nada podían reclamarle al PJ frente a ese cuadro. En otras palabras, decían: «Nosotros no vamos a hacer los deberes por ellos».
La señal de Cambiemos y las repercusiones sociales del proyecto provocan tensiones en el interior del flamante interbloque de los gobernadores, según admiten legisladores de ese flamante conglomerado. No existe entre ellos la gimnasia que demuestra la bancada a cargo de Miguel Angel Pichetto en la otra cámara, que ya aprobó la reforma. En el Senado, el kilometraje y el alineamiento como práctica –desde 2016 y de manera creciente, con los gobernadores- hicieron su trabajo.
Pero en Diputados, se trata de un estreno. En el interbloque del PJ, que preside el salteño Pablo Kosiner, hay mucho movimiento. Algunos no tienen atadura directa con las provincias: entre ellos, Diego Bossio, ex jefe de la Anses, que ya se pronunció en contra de la reforma; el sindicalista Alberto Roberti y el bonaerense Eduardo «Bali» Bucca. Otros, que se referencian en gobernadores, se sienten presionados. Abundan las llamadas desde capitales provinciales.
Las primeras imágenes públicas de impulso a una representación propia en Diputados fueron generadas por el cordobés Juan Schiaretti, el tucumano Juan Manzur, el salteño Juan Manuel Urtubey y el riojano Sergio Casas. La idea contó con el respaldo de otros, en general de buena sintonía con Macri, como el entrerriano Gustavo Bordet y el chaqueño Domingo Peppo. Con menos predisposición hacia el Gobierno, pero por instinto de acumulación de poder para negociar, se sumaron jefes locales como Verna y algunos aliados, en las dos cámaras.
Desvanecido el argumento de las divisiones en Cambiemos, aparecieron otros elementos externos, entre ellos el fuerte cuestionamiento de la CGT. Los jefes cegetistas vienen de una convivencia doméstica difícil con otros dirigentes sindicales a raíz del acotado entendimiento con el Gobierno por las leyes laborales. Pero cerraron filas ante la modificación del sistema de cálculo para las jubilaciones y subieron la apuesta en la protesta.
Fue, en un mismo movimiento, un modo de enfriar las disputas en su interior y de blindarse hacia fuera, frente a los cuestionamientos por el perfil acuerdista que les dispararon desde otras organizaciones sindicales y movimientos sociales con los cuales venían tejiendo formas de convergencia.
Vale recordar un punto: en el frenado trámite de la reforma laboral, los senadores del PJ dijeron primero que debían tener el visto bueno de la CGT y, después del ajustado trato de la central sindical con el Gobierno, prefirieron postergar el tema hasta marzo argumentando que debían descomprimirse las internas gremiales. «Demasiado para un mismo año», traduce un legislador de diálogo fluido con Pichetto. No se descarta, de todos modos, que el triunvirato sindical ratifique ese acuerdo y también su crítica en el caso de las jubilaciones.
En ese último punto, la diferencia para los diputados peronistas es clara: no está en juego la garantía cegetista, sino el compromiso original de las provincias. En el oficialismo recuerdan ese pacto como argumento público y a la vez, como elemento sino de presión al menos de reclamo a los diputados del interbloque ligado a los gobernadores.
¿Hay margen de negociación? Fuentes del Gobierno y del oficialismo parlamentario dicen que no hay espacio para «más cambios». El «más» alude a la modificación sobre la fórmula de ajuste sellada en el Senado. ¿Y los tiempos del empalme entre el viejo y el nuevo cálculo de movilidad de los haberes o algún mecanismo de compensación por el desfasaje inicial? Dicen que no, aunque habría que ver si el camino se acerca al precipicio.
No terminan allí las cosas. A las tensiones de estas horas se suman algunos fantasmas para el caso de que la ley sea aprobada tal como está: la aprobación no aseguraría cerrar la puerta a demandas judiciales y a que algún juez, por convencimiento o por puro juego opositor, empantane la ley al menos de manera temporal. Un fin de año demasiado tenso para el oficialismo a sólo dos meses de las elecciones ganadas.
