Si trataba de restar todavía más puntos a su popularidad -que no sobrepasa el 5%- el presidente brasileño Michel Temer lo pudo conseguir estos días, con las idas y vueltas de la privatización de un área de 45.000 kilómetros cuadrados en el Amazonas. Primero, sacó un decreto que ante las protestas generalizadas, revisó. Y luego emitió otra medida, de tenor parecido, que apenas corregía algunos excesos de la primera. Pero la justicia federal tomó cartas en el asunto y le acaba de decir que no al jefe de Estado. Suspendió la disposición del gobierno de entregar esa región para su explotación minera.
El gobierno de Temer “desobedeció a la Constitución” argumentó, fuerte, el juez Rolando Valcir Spanholo, que derribó el decreto. Semejante medida, afirmó el magistrado, debería haber sido precedida por una discusión y votación en el Congreso, que tendría que convocar además expertos e involucrados en audiencias públicas. Nada de esto ocurrió y, de acuerdo con las palabras de Spanholo, fue gracias a la reacción de la sociedad. Es que las discusiones sobre recursos minerales y protección ambiental están íntimamente vinculadas, argumentó.
El área, conocida como Renca, tiene una extensión de 4.645.000 hectáreas, lo que supera casi en dos veces la superficie de la provincia de Misiones. Situada ente los dos estados provinciales brasileños del Nordeste, Pará (cuya capital es Belém) y Amapá, el área Renca contiene tres unidades de conservación integral: la estación Ecológica de Jari, el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque y la reserva biológica de Maicuru. En su interior conviven dos comunidades indígenas y hay, además, cuatro reservas de uso sustentable (es decir, de explotación por las propias tribus).
Al dar de baja esa región y permitir su explotación minera, solo contribuiría a empeorar las condiciones climáticas regionales, ya bastante afectadas por el millón de kilómetros cuadrados de Amazonas (la quinta parte) que fue desbastada por la codicia de las madereras internacionales y de las explotaciones de hierro y oro.
Lejos de lo que podría suponerse el decreto de Temer no tuvo nada de improvisado; en cambio, sí tuvo mucho de sensación del gobierno de que nada iría a pasar. En síntesis, su gobierno presumió que no habría reacción de los distintos sectores políticos y sociales. El negocio empezó antes de la decisión tomada la semana pasada. En verdad, ministros del gobierno “temerista” ya habían contactado a las multinacionales del sector minero. En marzo, el ministro de Minas y Energía Fernando Coelho Filho les había anticipado a los empresarios de las multis mineras, que esa área de preservación amazónica sería extinguida. Y su explotación se iría a convertir en realidad, mediante el mecanismo de “licitación” en las que podrían participar todas las empresas privadas en condiciones de igualdad, locales o extranjeros.
Las definiciones de Coelho ocurrieron nada menos que en un seminario realizado en Toronto: el Prospectors and Developers Association of Canadá. El anticipo del funcionario ocurrió en el momento en que él explicaba los cambios que el gobierno iría a introducir en el sector mineral. Tales reformas incluían la creación de una Agencia Nacional de Explotación Minera. El ministro llegó a jactarse con su participación en esa reunión, que para él era una oportunidad para mejorar la legislación vigente y demostrar la decisión del Planalto de “incentivar” la inversión extranjera. Sencillamente fue un convite a desbastar la región, lo que hubiera implicado destruir hasta los cimientos un área igual a un país europeo: Suiza.
La Abogacía General de la Unión (AGU), que toma estos casos, dijo que irá a apelar a la resolución judicial. Difícil sin embargo pensar que algún juez dará luz verde para una medida anti constitucional.
Clarín
