Juicios abreviados en casos de violencia de género

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Un número significativo de casos de violencia de género, que llegan a instancia judicial, se resuelven mediante juicios abreviados orales, que tienen lugar en las salas de audiencias del Palacio de Tribunales.

Al respecto, la responsable del Área de Violencia de la Oficina de Gestión de Audiencias de Capital, Dra. Carolina Salas, brindó detalles al personal de Prensa del Poder Judicial sobre esta modalidad de enjuiciamiento.

“En el último trimestre, correspondiente a los meses de agosto-septiembre-octubre, se registró un total de 29 casos de violencia que fueron resueltos por medio de juicio abreviado”, expuso la funcionaria.

Este sistema promueve la resolución de causas en menor tiempo, lo que favorece los resultados estadísticos y el resultado de gestión jurisdiccional.

Sin embargo, la profesional indicó que existen excepciones a casos que, por razón de la gravedad de delito cometido por tratarse de un sujeto reincidente, el expediente se resuelve de forma tradicional y con la intervención de un tribunal.

La Probation

Con respecto a la suspensión de juicio a prueba o probation, la Dra. Salas informó que este tipo de medidas no se implementan en casos de violencia de género, en virtud del precedente sentado por el caso Góngora en 2013, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A este antecedente se le suma el hecho de que el Estado argentino suscribió distintos tratados internacionales, entre ellos la Convención de Belén Do Pará, que pasa a formar parte del bloque de constitucionalidad en el art. 75, que impide la adopción de esta medida.

Una probation implica el otorgamiento de la posibilidad de resolver a través de medidas alternativas los casos de violencia, sin transitar por un juicio, sumado a la posibilidad de establecer una compensación a la víctima.

Finalmente, la profesional determinó que en los últimos años, la cifra de causas de violencia se mantiene con cierta estabilidad, lo que puede relacionarse con la facilidad de acceso a las instituciones que se abocan a responder ante este flagelo, línea de acción que es impulsada por el Superior Tribunal de Justicia desde 2010 cuando se creó la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia y de la Mujer.

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