La gran mayoría de los trabajadores de prensa jujeños están adheridos a la Obra Social del Personal de Prensa de la República Argentina (Osppra), la cual tiene a la deriva a sus afiliados e increíblemente desoyen una medida judicial emitida por la Justicia Federal.
Desde hace un tiempo tiene suspendidos los servicios de profesionales que atienden con el Colegio Médico de Jujuy y con la Cámara Jujeña de Empresas de Salud, es decir, no tiene ningún tipo de cobertura, ya que todos los profesionales de la salud se encuentran dentro de estos entes.
Dicha obra social actualmente solo se encuentra prestando servicio de odontología (prestación que también estuvo cortada antes de fin de año) y farmacias (que no todas trabajan con ella).
Los afiliados atraviesan un clima de angustia ante esta situación teniendo en cuenta que ellos mes a mes realizan los aportes correspondientes, además de realizar el aporte solidario al gremio Fatpren y no tienen respuestas.
Según denunciaron, cuando realizan consultas ante este terrible escenario les contestan que no tienen novedades de que la situación se revierta o si llaman a casa central en Buenos Aires son maltratados y hasta les cortan la comunicación telefónica.
Quienes peor la están pasando son aquellos afiliados que tienen hijos con discapacidad, ya que Osppra mantiene una deuda exorbitante con los prestadores y continúan sin poder cobrar por las prestaciones realizadas durante el 2019. De no resolverse esta situación, no está garantizado que los niños puedan recibir su tratamiento durante este año, sobre todo, teniendo en cuenta que ningún profesional querrá brindar servicio si aún no se canceló lo trabajado durante el último año.
Al respecto, el abogado Leandro Meyer, letrado de un afiliado dijo que «lo que hace hoy Osppra con sus afiliados es un grave incumplimiento a la Ley de Obras Sociales, debido a que tiene a sus afiliados en un estado total de desamparo».
Por otro lado, el letrado argumentó que en el caso de los afiliados que tienen a cargo personas con discapacidad «lo que la obra social hace es atribular con problemas a los afiliados que se encuentran al día con sus aportes. Es una situación inexplicable, más aún cuando hay sentencias condenatorias en su contra, incurriendo en desobediencia judicial».
Lamentablemente la obra social no respeta el acceso a la salud sobre todo teniendo en cuenta que se trata de personas con discapacidad.
Aún teniendo sentencia judicial en su contra – como es uno de los casos- no realiza el pago a prestadores y juega con la salud de niños y con la ilusión de sus padres quienes solo anhelan que sus hijos tengan una mejor calidad de vida.
Cebe mencionar que la obra social, además de administrar sumas considerables por el aporte de sus afiliados, se burlan de un fallo judicial recientemente emitido por el Juzgado Federal Nº 1 de la provincia al no dar cumplimiento a lo resuelto.
Juegan con la salud de las personas
Las obras sociales son entidades encargadas de organizar la prestación de la atención médica de los trabajadores. Así el trabajador que se enferma o accidenta, o el grupo familiar que de él depende, pueden acceder a la atención médica, medicamentos y prácticas de asistencia médica sin tener que pagar previamente todo el costo de la misma. Por ley todas las personas deben tener una cobertura médica (obra social), tanto el trabajador como el empleador abonan un cierto porcentaje de la remuneración a fin de abonar dicha cobertura. El alcance es para la pareja (si está desempleada) y los hijos hasta 21 años (pudiéndose postergar hasta los 25 años si se encuentra estudiando y bajo el cargo del titular, además de no contar con trabajo).
Durante los meses de noviembre y diciembre el Gobierno Nacional transfirió a las obras sociales 3 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución. Según el decreto N\p 700/19, esa suma se distribuyó de manera directamente proporcional al número de afiliados de casa obra social. El decreto fundamenta las medidas en la necesidad de permitir “una mejor optimización y asignación de dichos fondos para ser destinados a aliviar la carga económica que, en la actual coyuntura, pesa sobre los Agentes del Seguro de Salud en cuanto al sostenimiento de la cobertura de salud de sus beneficiarios”. Los fondos se distribuirán del siguiente modo: el 90% de los recursos se destinará a las obras sociales cuyo ingreso promedio por afiliado (cápita) sea menor o igual a $ 1.450. Y el 10% restante irá a las obras sociales con ingresos promedio por afiliado mayor a $1.450. Aun así, las obras sociales van cada vez de mal en peor.
Nota del editor
¡Feudos!
Por Carlos Alfonso Ferraro
No es la primera vez que Jujuy parece ser el último orejón del tarro. Hasta pareciera que a los jujeños no son argentinos de la misma calidad que los demás. Lo de Osppra es indignante: la consumación de una estafa a los trabajadores, la insensibilidad en su máxima expresión, y hasta la flagrante conducta delictiva que desconoce mandas judiciales. Como si esto fuese poco, cuando alguno de los virreyes burócratas que no salen de sus despachos de la Capital Federal, se digna a responder los angustiados llamados de los afiliados de Jujuy, se molestan, los maltratan y hasta les cortan el teléfono. No se puede esperar menos de esa “casta superior” que desprecia a quienes les pagan los suculentos sueldos con sus aportes. ¿La Superintendencia de Servicios de salud? Bien gracias. Fatpren se desentiende del problema. La Justicia ordena y olvida. Los afiliados sufren. ¿Hasta cuándo habrá que soportar en este país que estos nauseabundos enclaves feudales sigan sangrando a los trabajadores?
