Tras la noticia, el partido prodemocracia NLD de la derrocada líder Aung San Suu Kyu se dijo «devastado».
Myanmar: quiénes fueron ejecutados
Uno de los cuatro ejecutados, Phyo Zeya Thaw, de 41 años, era un exlegislador de sus filas.
El hombre fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo. Pionero del hip hop en Birmania, cuyas letras criticaban al ejército, estuvo detenido en 2008 por pertenecer a una organización ilegal y posesión de divisas. Obtuvo un escaño como diputado en las elecciones de 2015, durante la transición del gobierno militar al civil.
La junta le acusaba de haber orquestado varios atentados contra el régimen, incluido un ataque a un tren en el que murieron cinco policías el pasado agosto en Rangún.
Otro de los ejecutados es Kyaw Min Yu, de 53 años, conocido como «Jimmy». Fue un prominente activista por la democracia y recibió la misma sentencia del tribunal militar tras ser detenido en octubre y condenado en enero.
Era un escritor y opositor conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época.
Según los medios locales, miembros de las familias de los dos opositores se plantaron ante la prisión de Insein en Rangún, con la esperanza de recuperar sus cuerpos sin vida.
Los otros dos presos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta.
Críticas internacionales
La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones. Un comunicado conjunto de la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur y Reino Unido acusó a la junta de «reprensibles actos de violencia que ponen de manifiesto el desprecio del régimen por los derechos humanos y el imperio de la ley.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció «el total desprecio del régimen por los derechos humanos y el Estado de Derecho».
Igualmente, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) dijo el martes que está «extremadamente perturbada y profundamente entristecida» por las ejecuciones.
«La aplicaciones de estas penas de muerte (…) es altamente reprobable, ya que constituye un retroceso y una flagrante falta de voluntad de apoyar los esfuerzos (…) para poner fin a la violencia y aliviar el sufrimiento de personas inocentes», expresó la organizción desde Camboya, que ocupa la presidencia rotativa.
La última ejecución capital en Birmania se remonta a 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.
Los expertos subrayaron que la ley marcial otorgaba a los militares la posibilidad de pronunciar la pena de muerte por 23 «delitos vagos y definidos en forma amplia» y, en la práctica, por toda crítica contra el poder. Advirtieron que las ejecuciones podrían acelerarse si la comunidad internacional no reaccionaba.
Es probable que las ejecuciones agraven el aislamiento internacional de los militares birmanos, que se hicieron con el poder por la fuerza el 1º de febrero de 2021 bajo pretexto de un supuesto fraude en las elecciones del año anterior, en las que el NLD arrasó.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijo «consternada» por las ejecuciones, una medida que tachó de «cruel y regresiva».
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que la decisión era una «flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas». La directora para Asia de la ONG Human Rights Watch (HRW), Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional «mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes».
Según una ONG local, más de 2.000 civiles murieron y más de 15.000 fueron detenidos desde el golpe de Estado. Entre los detenidos figura Aung San Suu Kyi, exdirigente y premio Nobel de la Paz de 77 años, que se enfrenta a varios cargos que pueden totalizar hasta 150 años de prisión.
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