Sin embargo, luego del impulso de la fiscalía, Canicoba Corral imprimió movimiento a la investigación después de heredar el caso de su saliente par Sergio Torres que buscó declararse incompetente y girar el expediente a la justicia ordinaria. La Cámara Federal rechazó que no fuese materia federal y ordenó avanzar con la causa. El juez requirió a la IGJ todos los legajos societarios de Vidapyme, que fue creada como una asociación civil -fundada por Cornide y Marano- y cuyo único cliente como prestadora de servicios médicos era la obra social. Su contrato fue rescindido por la intervención que acusó por diversas irregularidades a esa firma y calculó un perjuicio total por $199.402.974, compuesto por pagos presuntamente desviados, y sueldos y cargas sociales de los empleados de los denominados “policonsultorios” que debían correr por cuenta de Vidapyme y fueron pagados por la obra social. Gastos en infraestructura e insumos debían ser compartidos según el contrato, pero hasta el desarrollo de software terminó siendo facturado a la empresa principal. Canicoba pidió certificar todos los libros contables y Libros de Actas y Asambleas, pero también pidió a la AFIP que informe todo lo concerniente a Vidapyme y su situación patrimonial. Insólitamente hubo una deuda no informada en los balances que la prestataria tenía por más de $26 millones.
Del mismo modo, requirió al organismo recaudador -que se encarga de girar el dinero descontado en concepto de aporte de los beneficiarios y sus empleadores para las obras sociales- que informe el detalle de los depósitos que hizo entre septiembre 2016 y el mismo mes de 2017 y que informe la cuenta bancaria de destino, con carácter de “urgente”. Los registros de la obra social indican un faltante de $84.932.022 que la AFIP giró y que no figuran en las cuentas. Pero por otro lado, solicitó a la SSS si se registraron discrepancias en los padrones de beneficiarios que eran informados por la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. Concretamente, Canicoba busca “percepciones indebidas de subsidios directamente vinculados a su población beneficiaria” entre 2016 y 2017.
La denuncia penal contra Cornide y parte de su entorno tiene más ramificaciones: Bereciartúa incluyó los hallazgos de una auditoría que detectaron retiro de fondos entre 2014 y 2018 de los directivos en concepto de “honorarios” por más de $11 millones, pero que no fueron aprobados por la asamblea. Asimismo, apuntaron a mecanismos irregulares de órdenes de pago informales por caja o en efectivo. También se denunciaron comisiones “indebidamente” abonadas al bróker Sales Team SA por “errores de cálculo” en la rentabilidad que debían obtener con respecto al uso que hacían los beneficiarios de la obra social de los servicios médicos. Otros dos convenios -con la obra social Ospaña y con la prestadora Visitar SA- también arrojaron perjuicios que formaron parte de la auditoría que destapó el escándalo en ciernes.
Gabriel Morini/Ámbito
