«Una maraña judicial». Dentro y fuera de la Justicia, todas las fuentes coinciden en algo: la denuncia contra Ricardo Echegaray por encubrir al empresario Lázaro Báez está empantanada en un laberinto judicial de difícil resolución. Cuando se encaminaba al cierre definitivo, la AFIP presentó un informe con nuevas pruebas y ahora pidió ser querellante contra el ex titular de ese organismo. El planteo está en manos del juez Sebastián Casanello, que ya rechazó varios planteos para sobreseer a todos los imputados.
En esta causa, Echegaray está sospechado de frenar una investigación en la AFIP de Bahía Blanca contra el dueño de Austral Construcciones por el uso de facturas «truchas». La denuncia fue impulsada por la diputada Margarita Stolbizer. Pero hay otro expediente similar donde el ex titular de la AFIP ya fue sobreseído. Esa decisión, del entonces juez Norberto Oyarbide, dificulta el avance de la investigación.
Echegaray fue indagado por Casanello en mayo del año pasado. En ese momento, el juez lo acusó de haber tenido conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria de Báez contra el Estado Nacional a partir de las facturas truchas. Meses después, la Sala II de la Cámara Federal impulsó la investigación y concluyó que los sobreseimientos dispuestos por juez Oyarbide eran «una decisión liberatoria de carácter aparente».
«Siempre sostuvimos que los objetos procesales de las dos causas eran diferentes. Una se refiere al fraude tributario llevado a cabo por Austral Construcciones con participación de funcionarios de la AFIP y la otra a maniobras de encubrimiento», dijo el fiscal Guillermo Marijuán ante una consulta de Infobae.
Pero en marzo de este año, la Cámara de Casación planteó lo contrario. Dijo que se trataba de un escenario de «doble persecución penal» y resolvió a favor de Echegaray y del ex titular de la DGI Ángel Toninelli, también acusado de encubrir a Báez. Traducción: los jueces consideraron que las dos causas abiertas eran similares y en una ya estaban sobreseídos.
Cuando la causa se encaminaba al cierre, la AFIP reveló a través de un voluminoso informe, con la firma del subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, que la conducción anterior escondió una deuda de Báez de $1700 millones en impuestos, según publicó el diario La Nación.
Casi al mismo tiempo, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que se incorpore a la causa la declaración de Mecikovsky en el juicio oral contra el ex valijero Leonardo Fariña.
Ahora, pudo saber este medio, el organismo que conduce Alberto Abad pidió ser querellante mediante un breve escrito. La respuesta del juez Casanello será determinante para el futuro del expediente. La primera reacción fue enviarle un oficio al juez Marcelo Martinez de Giorgi, reemplazante de Oyarbide, para certificar la causa que habían impulsado dos actuales funcionarias del Gobierno, Patricia Bullrich y Laura Alonso.
