La Cámara Nacional del Trabajo ordenó el jueves a la empresa de alimentos PepsiCo a reincorporar a una decena de empleados despedidos de su planta ubicada en Vicente López, en el norte del conurbano.
El tribunal concedió la medida cautelar pedida y dispuso que la demandada cumpla con el «deber de ocupación» de Leandro Javier Gómez, Elizabeth Myriam Vique Laime, Facundo Javier Guzmán, Mónica Ruiz, Orlando Daniel González, Angel David Gramajo, Estefanía Herbas, María Ester Albornoz, Myrna Beatriz Vega y Juan Carlos Romero.
La decisión fue dictada por la Sala VI de la Cámara, que revocó un fallo de primera instancia adverso a los trabajadores bajo el apercibimiento de imponer una multa diaria de $5000 a la empresa en caso de desobediencia.
Los camaristas Juan Carlos Fernández Madrid, Luis Raffaghelli y María Luján Garay concluyeron que PepsiCo no demostró haber cumplido con el «procedimiento preventivo de crisis» que la misma empresa había invocado para cesantear a todo su plantel.
«La norma establece que ‘.cuando el procedimiento preventivo de crisis se inicie a instancias del empleador y se refiera a empresas de más de 50 trabajadores, la presentación inicial deberá, como mínimo, explicitar las medidas que la empresa propone para superar la crisis o atenuar sus efectos.’ extremo que no surge cumplido por la demandada conforme las expresiones del sector sindical y de los representantes de los trabajadores, que surge de las actuaciones adjuntadas con la presente», explican los jueces en el fallo al que accedió LA NACION.
Es decir, los jueces sostienen que este procedimiento prevé que la empresa «como mínimo» tenga que «explicitar las medidas» que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos, algo que la empresas -sostienen- no hay hecho hasta ahora.
La revocatoria de la Cámara Nacional del Trabajo fue dictada por el tribunal ayer, horas después del violento desalojo que ocurrió por la mañana en la planta ocupada por los trabajadores despedidos.
La sentencia generó un profundo malestar en el Gobierno, que desmintió irregularidades en el proceso preventivo de crisis y apuntó una «intencionalidad política» detrás de la medida. Fuentes oficiales señalaron a la jueza Graciela Craig, la mujer del diputado kirchnerista Héctor Recalde, que integra la Sala VI de la Cámara, pero que no firmó el fallo.
