Horas después de convocar a un paro para dentro de 40 días, la CGT ratificó sus críticas al Gobierno y al manejo de la economía, pero se mostró dispuesta a dialogar. La Casa Rosada, en cambio, reforzó su discurso en contra de las motivaciones de la huelga, pero no hizo ningún movimiento para desactivar la amenaza gremial.
La tarea de insistir con la lectura oficial quedó en manos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne . «Es un año político, con elecciones legislativas, y dentro de la CGT hay sectores que empiezan a tomar nota de esto. No tengo dudas de que la cuestión política está jugando un rol muy importante en lo que está pasando hoy en la CGT», argumentó el funcionario en declaraciones a radio Mitre.
En esa línea, advirtió que el Gobierno «no comparte» el diagnóstico económico delineado por la CGT anteayer. «Después de un año difícil, la economía comienza a mostrar los resultados positivos de las medidas que fuimos adoptando para evitar una crisis», dijo. «La economía ha empezado a recuperarse. Creció el salario real y el empleo empieza a mostrar un repunte interesante, más allá de casos puntuales», completó.
Además, en obvia respuesta a otro reclamo de los gremios, Dujovne insistió en que las paritarias «no tienen ni piso ni techo», aunque distinguió entre la negociación con el sector público, en la que el Estado interviene como empleador, y el sector privado. «En el sector público intervenimos porque tenemos que cuidar los objetivos fiscales», justificó.
El refuerzo del mensaje gremial, en tanto, corrió por cuenta de Héctor Daer, que defendió la necesidad de «expresar el descontento de la clase obrera». En declaraciones a radio La Red, el segundo del gremio de Sanidad volvió a arremeter contra el Gobierno por la «falta de acción» ante los empresarios y contra los hombres de negocios por «la falta de compromiso con temas sociales». Dijo además que «es muy difícil no marchar» el 7 de marzo, día para el que se anunció una movilización.
Sin embargo, dejó claro que los puentes con el Gobierno no están rotos. «Siempre existe la posibilidad de que se rectifiquen políticas y que, a partir de ahí, podamos volver a encauzar un futuro», deslizó.
En el Gobierno apuestan a que los días que faltan para el paro, 40 al menos, sirvan para enfriar el impulso inicial de la iniciativa de los gremios. Por ahora, no está previsto convocar al triunvirato que conduce la CGT ni nada similar. «Vamos a mover fichas, pero no todavía», calculaban ayer en la Casa Rosada.
Otro que se combinó las críticas y la defensa del llamado al paro con las muestras de apertura a retomar las conversaciones con el Gobierno fue el jefe de la UTA (colectiveros), Roberto Fernández.
Ratificó que los gremios del transporte se sumarán a la huelga convocada por la CGT. La adhesión de los colectiveros, los maquinistas y los trabajadores del subte es determinante para la contundencia de cualquier paro.
Sin embargo, tras garantizar la participación de los colectiveros y el resto del transporte público (menos los taxis), Fernández se mostró conciliador y reclamó una audiencia con Macri.
«El diálogo es lo que nosotros buscamos. Que el Presidente nos diga en una mesa, conjuntamente con los empresarios, qué camino va a seguir», afirmó. El gremialista completó el pedido con una advertencia: «Si esto no camina y no nos sentamos con el Presidente para entre todos buscar una solución, va a tener muchos problemas».
Entre los más críticos se mostró Sergio Palazzo, jefe del gremio bancario que desde hace semanas protagoniza un conflicto judicial con el Gobierno y las cámaras del sector por el pago de un adelanto paritario.
«Es una visión reduccionista limitar una medida de fuerza al proceso electoral. Cuando la CGT o los partidos opositores acompañan, [Macri] los lleva a Davos o los invita para fin de año a la quinta de Olivos y cuando no le gusta, todo pasa a ser política partidista que busca hacerles perder una elección», lanzó el sindicalista en diálogo con Radio Con Vos.
La pelota pica del lado del Gobierno. Por ahora, Macri piensa dejarla parada y esperar.
La Nación
