Con efecto visible garantizado por el peso de las grandes estructuras sindicales y la adhesión de los estratégicos gremios del transporte, el paro nacional de este lunes presenta al menos una curiosidad: es un interrogante lo que sigue después de una medida de fuerza de semejante magnitud. Y eso, a pesar de que la convocatoria fue muy conversada y expuso a la vista de todos el juego de sus principales protagonistas. ¿Inaugura una escalada –un «plan de lucha»- o alcanzará para reabrir negociaciones con el Gobierno y también para ir definiendo el panorama interno de la CGT?
Este es el tercer paro general en la gestión de Mauricio Macri. O el segundo, en rigor, porque el anterior fue convocado casi a la carrera cuando se debatía en Diputados la reforma del mecanismo de ajuste para las jubilaciones, y terminó siendo parcial, simbólico en el mejor de los casos antes que efectivo. Pero ahora, asoma como resultado de la combinación de dos elementos acelerantes: la disparada de la inflación, sobre todo por el efecto dólar, y la crisis de conducción cegetista, con picos de tensión interna.
Esos son los dos puntos determinantes. Y su traducción práctica podría expresarse en la reapertura de hecho de las paritarias, algo que es admitido con otras palabras en el Gobierno y computado en medios empresariales, y en el difícil juego de alianzas y batallas domésticas en la CGT, agotado como está el ciclo del triunvirato Schmid-Daer-Acuña y en la perspectiva de resolver una nueva conducción tal vez en agosto.
La CGT, que resolvió rápidamente dar por fracasado el último intento de negociación con el Gobierno –en su versión formal, porque los contactos siguen siendo moneda corriente-, puso como puntos centrales de su reclamo la discusión sin techo de salarios y algún tipo de mecanismo para evitar despidos en gran escala. También demandó dos cuestiones que hacen al modelo sindical: garantías de flujo de fondos adeudados a las obras sociales y compromiso de no impulsar cambios a la Ley de Contrato de Trabajo.
El telón de fondo lo completa la ofensiva de Hugo Moyano, que por ahora parece haber abandonado su idea de ruptura con la CGT. El jefe camionero recreó su cuadro de alianzas internas, con los sindicatos más duros, y hacia afuera tejió con sectores resistidos tradicionalmente, como las dos CTA, todo para ganar espacio en la disputa cegetista. Es el eje de su movida –alimentada también por su complejo frente judicial-, que en el plano sectorial lo llevó a una breve y dura pulseada con las empresas para terminar cerrando un paritaria de alrededor del 25% para los salarios.
Ese nivel de aumento salarial –que según como sea leído oscilaría entre el 23 y el 26%- fue mostrado como un éxito que complicaría al Gobierno y a los jefes sindicales amigos, porque terminaría de romper el esquema de corsé ensayado hasta ahora. Pero ocurre que, incluso a juzgar por algunas impresiones en el ámbito cegetista, ese porcentaje podría allanar el camino a una discusión que ya está siendo conversada con los referentes sindicales categorizados como dialoguistas.
Parece claro que el punto central es el cambio potente y vertiginoso de contexto. En medios del Gobierno admiten ya sin rodeos un horizonte económico duro, con al menos dos trimestres de contracción de la economía y una inflación que casi duplicaría el olvidado pronóstico de 15% anual. Y también, aunque con reserva, en el ala más política admiten que será inevitable una recomposición que preserve al menos parcialmente el poder de compra de los salarios para atenuar un previsible enfriamiento del consumo.
De hecho, quedó en el camino la idea original del Gobierno, que consistía en imponer una paritaria en dos tiempos: acuerdos salariales del 15% -para «no dar señales inflacionarias», se decía-, pero con cláusula de revisión, dejando la puerta abierta para renegociar el porcentaje de aumento. Ahora, con el último mensaje destinado a la CGT, se dispuso sumar un 5% al piso inicial, con lo cual sería un mecanismo en tres tiempos: 15% ya firmado en muchos casos, más 5 ahora y cláusula de revisión.
No se trataría de reabrir de golpe todas las paritarias, sino de un trámite «simplificado» por decreto para incluir este 5%, según explican en el Ministerio de Trabajo. La temporada de revisiones, de acuerdo con los muchos acuerdos ya cerrados, podría extenderse de septiembre u octubre hasta principios del año que viene.
Visto así, el número exhibido por Moyano –y expuesto por él y su hijo Pablo como fruto de una breve y dura pelea- podría en realidad marcar un horizonte incluso por debajo de previsiones inflacionarias que hablan de 27 ó 28% anual. En cualquier caso, el capítulo pendiente sería por la franja que esté por encima de los 20 puntos porcentuales.
Más compleja por otras razones resulta el reclamo cegetista de algún tipo demecanismo para evitar despidos. Algo de eso fue tratado por representantes del Gobierno con los estatales de UPCN, pero el punto es la actividad privada. Por ahora, fuentes del oficialismo señalan que eso sólo podría ser conversado sector por sector, entre empresarios y gremios. No parece sencillo.
Más fácil resultaría para el Gobierno atender las demandas vinculadas al funcionamiento del esquema sindical vigente. La cuestión de los fondos de las obras sociales ya había sido charlada y quedó pendiente para después del paro. Y en paralelo, fuentes del Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso indican que no existe voluntad alguna de modificar las leyes que hacen al modelo sindical, algo que además sería rechazado por los bloques peronistas.
Puro realismo, si se quiere: la reforma laboral fue fraccionada en tres proyectos e incluso se bajó la idea de incluir en uno de ellos –el de blanqueo del trabajo informal- modificaciones al cálculo de indemnizaciones. Esas iniciativas esperan tratamiento en el Senado. Los más optimistas dicen que podrían avanzar en breve, tal vez después de la despenalización del aborto.
Por supuesto, la otra gran cuestión –la interna sindical– no quedará resuelta por el paro. Pero a partir del balance que haga cada sector, podrá observarse si quita tensiones y habilita el camino a las negociaciones con el Gobierno, o si los sectores más duros –no sólo Moyano- imponen un camino de confrontación en ascenso con el Gobierno.
Las líneas no son siempre tan claras como podría imaginarse. Los jefes de grandes gremios denominados «gordos», los independientes como la UOCRA y UPCN, y algunos no alineados tienen demandas específicas y menos visibles. Un ejemplo: la UTA sigue especialmente la evolución de la pulseada con los «metrodelegados», que hace a su propio poder. Otro: los mecánicos del SMATA se han puesto en guardia a la espera de la homologación de su singular y fraccionado sistema de acuerdos salariales.
Por supuesto, el paro trae de la mano frases repetidas. «No soluciona nada», suena del lado oficialista. «El Gobierno debe escuchar el mensaje», el eco desde la vereda sindical. Tal vez los dichos sean amortiguados por el Mundial, por las angustias de momento y por las alegrías si llegan. Al menos por unos días.
