Tras el movimiento por los derechos cívicos de los años sesenta, varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos.
Esta política, conocida como “discriminación positiva”, permitió aumentar la proporción de estudiantes negros, hispanos o indios estadounidenses en las aulas pero siempre ha sido blanco de críticas en los círculos conservadores, que la consideran opaca y racista.
La Corte Suprema se ha pronunciado en contra de las cuotas en varias ocasiones desde 1978, pero siempre ha autorizado que las universidades tengan en cuenta criterios raciales, entre otros.
Hasta ahora, había considerado “legítima” la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supusiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses.
Ayer dio un giro de 180 grados, como ya hizo el 24 de junio de 2022, al anular el derecho federal al aborto que garantizaba desde 1973.
El cambio fue aplaudido por la derecha. “Este es un gran día para Estados Unidos. Vamos a volver a todo basado en el mérito ¡y así es como debe ser!”, escribió en su red social -Truth Social- el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), que durante su mandato inclinó claramente a la derecha la composición de la corte.
En un discurso televisado, el presidente demócrata Joe Biden dijo estar “fuertemente en desacuerdo”. “La discriminación sigue existiendo en Estados Unidos”, afirmó. “La decisión de hoy no cambia eso. Es un hecho simple que si un estudiante ha tenido que superar la adversidad en su camino hacia la educación, las universidades deben reconocerlo y valorarlo”.
“No podemos permitir que esta decisión sea la última palabra”, añadió el presidente, para quien “este no es un tribunal normal”.
Las críticas más duras llegaron del interior del propio tribunal, de boca de los tres jueces progresistas.
El tribunal está “invirtiendo décadas de jurisprudencia y de inmenso progreso”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en su nombre. “Al hacerlo, el tribunal consolida una norma superficial” de indiferencia al color de la piel “como principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada”, escribió.
La sentencia parte de una demanda presentada en 2014 contra los centros universitarios privados y públicos más antiguos de Estados Unidos: Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.
Un activista neoconservador, Edward Blum, los acusó de discriminar a los estudiantes asiáticos.
Argumentaba que los estudiantes asiáticos, cuyos resultados académicos están muy por encima de la media, serían más numerosos en los campus si su rendimiento fuera el único criterio de selección.
Tras varias derrotas en los tribunales, recurrió al Supremo que, irónicamente, nunca ha sido tan diverso como ahora, con dos jueces afroestadounidenses y uno hispano.
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