El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió un fallo este martes que considera «inconstitucional» criminalizar el aborto voluntario en el primer trimestre de embarazo, una decisión con validez sólo para un caso ocurrido en Rio de Janeiro pero que podría sentar precedente.
El tribunal hizo esta consideración al revocar la prisión preventiva contra trabajadores de una clínica en Rio que fueron detenidos cuando estaban practicaban un aborto clandestino en 2013, informó el alto tribunal en un comunicado.
En Brasil, el aborto es un crimen que puede conllevar de uno a tres años de cárcel, pero está permitido en tres casos: embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, embarazo con riesgo de muerte para la mujer y, desde 1940, embarazo debido a una violación.
«Este fallo no es necesariamente vinculante, vale sólo para este caso pero puede ser usado como precedente para otros», explicó a la AFP una fuente del STF.
El alto tribunal tomó la decisión considerando que la criminalización del aborto «viola diversos derechos fundamentales de la mujer» y tomando en cuenta también la «proporcionalidad» del castigo.
Los argumentos de los jueces fueron los siguientes: la criminalización es «incompatible con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que no puede ser obligada por el Estado a mantener una gestación no deseada»; va contra su autonomía ya que «debe conservar el derecho a de tomar sus decisiones existenciales»; va contra «la integridad física y psíquica de la gestante» y también contra la «igualdad».
La Cámara de Diputados brasileña, de mayoría conservadora, había protagonizado ya discusiones sobre el aborto promovidas con fuerza por su ex presidente evangélico, el ahora detenido Eduardo Cunha, acusado de corrupción y lavado de dinero.
La madrugada del miércoles, pocas horas después de conocerse la decisión del Supremo Tribunal Federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció la creación de una comisión legislativa para intentar revertir el fallo judicial.
El anuncio fue hecho después de que varios diputados, principalmente los vinculados a la Iglesia Católica y a los grupos evangélicos, se pronunciaran en el plenario contra la decisión de la máxima corte.
«El Supremo rasgó la Constitución y asumió sin consultarle a nadie una tarea que es de los congresistas, la de legislar. El objetivo de la comisión creada es concretamente revertir esa decisión absurda de la Corte», afirmó el diputado Diego García, representante del Partido Humanista Socialista (PHS) y que fue ponente del nuevo Estatuto de la Familia.
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