Una fuerte polémica jaqueaba este jueves a la Corte Suprema de Brasil. Es que el máximo tribunal debe decidir entre hoy y el martes de la próxima semana si anula una medida adoptada en 2016, que autorizó a los jueces a enviar a prisión a una persona condenada en la segunda instancia. El acalorado debate involucra no solo a los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) sino también a sectores militares y políticos. Y eso se debe a que, en caso de votarse mayoritariamente esa resolución, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en Curitiba hace un año y medio, deberá ser inmediatamente puesto en libertad.
Fue el propio STF el que sentó jurisprudencia hace tres años, al autorizar que la condena fuera ejecutada sin que estuvieran completados los recursos en los tribunales superiores, como el Superior Tribunal de Justicia y la propia Corte. Según documentos judiciales, existen hoy 4.900 presos que podrían ser beneficiados si es que se anula la decisión de 2016.
Desde luego lo que menos preocupa es lo que podrá ocurrir con los presos comunes. Importa mucho más la situación del ex mandatario. Esto explica que el asesor en seguridad del presidente Jair Bolsonaro, el ex comandante del Ejército general Eduardo Villas Boas, cuestionara la medida en discusión. “Experimentamos un nuevo período en que las instituciones vienen haciendo un gran esfuerzo para combatir la corrupción y la impunidad. Eso nos trajo de vuelta la autoestima y la confianza. Es preciso mantener la energía que nos mueve en la dirección de la paz social, so pena de que el pueblo brasileño caiga de nuevo en el desaliento y, eventualmente, en la convulsión social”.
Cuando Villas Boas publicó este Twitter, había otro a nombre del jefe de Estado donde también ponía en tela de juicio el debate en la Corte. Solo que no fue él quién publicó ese mensaje sino su hijo Carlos, quién luego debió pedir perdón públicamente y decir que había sido un error suyo y no de su padre. La prudencia de Bolsonaro es políticamente comprensible: justamente el último miércoles se reunió con tres ministros del STF, entre ellos el titular del cuerpo Dias Toffoli. En esa cita, los magistrados convencieron al gobernante de no manifestarse sobre decisiones de la Corte.
