Kavanaugh es uno de los tres jueces confirmados durante los cuatro años de presidencia del republicano Trump, quien cambió el tribunal a una mayoría 6-3 sólidamente conservadora.
Sin embargo, el año pasado este tribunal hizo valer su independencia, cuando rechazó la cruzada de Trump por invalidar los resultados de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.
Pero en estos casos «en las sombras» -así se conocen las sentencias aceleradas que no son debatidas en público- el tribunal se ha inclinado hacia la derecha, en particular cuando decidió el 1 de septiembre no bloquear una ley de Texas que prohíbe casi todos los abortos en el estado.
Este fallo enfureció a los demócratas, entre ellos al presidente Biden, y renovó los llamamientos para reformar la Corte Suprema, algo que está siendo considerado por una comisión presidencial que estudia opciones como la de añadir más asientos al tribunal de nueve jueces.
En términos más generales, la frustración pública hacia el tribunal ha crecido en Estados Unidos: sólo 40% de los estadounidenses dice que aprecia su trabajo, en comparación con el 49% de julio, mientras que el 37% de los encuestados lo consideran «demasiado conservador», según una encuesta de Gallup.
En señal del descontento creciente, defensores del derecho al aborto protestaron frente a la casa de Kavanaugh y, el sábado, miles de personas convergieron en la Corte Suprema -y en ciudades de todo Estados Unidos- proclamando que el aborto es una opción personal y no un debate legal.
Para calmar las aguas, los jueces se han esforzado últimamente por convencer al público de su imparcialidad.
«Este tribunal no está formado por un grupo de partidistas», dijo Amy Coney Barrett, la jueza que sucedió a la difunta Ruth Bader Ginsburg, un ícono liberal, en un discurso ante estudiantes en Kentucky.
Los críticos se apresuraron a señalar que sus comentarios se hicieron en presencia del principal senador republicano, Mitch McConnell, quien presidió la apresurada confirmación de Barrett cerca del final de la campaña presidencial de 2020.
Más allá de los discursos, la temporada de 2021-2022 «será una verdadera prueba de si la Corte Suprema puede o no elevarse por encima de la división partidista», dijo David Cole, director legal nacional de ACLU, la mayor organización de defensa de las libertades civiles en Estados Unidos.
En la agenda de los tribunales están, esencialmente, las cuestiones sociales clave que más dividen a los estadounidenses, empezando por el delicado tema del aborto.
A partir del 1 de diciembre, los jueces examinarán una ley de Misisipi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Los partidarios de esta medida ven este caso como una oportunidad para anular Roe vs. Wade, como se conoce al histórico fallo de 1973 que estableció la garantía constitucional del derecho al aborto.
Durante su campaña de 2016, «Donald Trump prometió nombrar a jueces que anularían Roe Vs. Wade», recordó recientemente Amy Howe, editora del sitio web centrado en el tribunal SCOTUSblog.
Con el nombramiento de los jueces Neil Gorsuch, Kavanaugh y Barrett, «ahora es el momento de ver si esa promesa se hace realidad o no», dijo durante una charla en el Cato Institute, un «think tank» de Washington .
Otro de los temas explosivos que se barajan es el del porte de armas de fuego.
Hasta ahora, el tribunal ha sostenido que los estadounidenses tienen el derecho constitucional a tener armas en casa para defenderse, pero no ha dicho nada sobre el grado de protección que la Segunda Enmienda otorga a las personas que llevan un arma de fuego oculta en público.
Eso puede cambiar cuando el tribunal revise una ley de Nueva York que limita estrictamente la concesión de licencias para llevar armas ocultas.
El tribunal también examinará los límites impuestos a la financiación de las escuelas religiosas.
El tribunal actual «es muy, muy comprensivo y sensible a la libertad religiosa», dijo Cole.
También se examinarán varios casos de condenas a muerte.
Y sigue siendo posible que el tribunal aborde el delicado tema racial, cuando retome un desafío a las políticas de acción afirmativa de las universidades, que son rotundamente criticadas por los conservadores.
Con todos estos «casos jugosos», dijo Howe, «la verdadera cuestión no es si el tribunal va a seguir desplazándose hacia la derecha o no, sino hasta qué punto lo hará».
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