La Corte Suprema ordenó este jueves una auditoría externa de la obra social del Poder Judicial (OSPJN) tras un duro informe elaborado por la Secretaria General de Administración que detectó una serie de irregularidades en su funcionamiento. Será una auditoría económica, financiera, de legalidad, y de gestión del organismo, que entre 2008 y hasta el 31 de agosto de 2021 estuvo bajo la órbita del juez Juan Carlos Maqueda.
La auditoría estará a cargo de una comisión integrada por médicos, abogados y contadores, que serán designados en los próximos cinco días hábiles. Y tendrá un plazo de 120 días.
La medida fue tomada por el Máximo Tribunal luego de recibir un duro informe sobre el funcionamiento de la obra social elaborado por la Secretaria General de Administración. Ese organismo quedó virtualmente a cargo de la obra social a partir de la acordada 19/2021, aprobada por el máximo tribunal el 28 de septiembre pasado. Según esa acordada, la Secretaría General “ejercerá la supervisión de las funciones administrativas, de los servicios de cobertura médico asistencial y social y del estado económico financiero de la obra social”.
En ese contexto, la Secretaría elaboró un primer diagnóstico con una serie de conclusiones alarmantes.
El informe destaca que el directorio de la obra social -ahora desplazado por la denuncia judicial- está ocupado por un solo director y que existen otros dos cargos vacantes, “con lo cual las decisiones colegiadas pasan a ser unipersonales”. Además, existen áreas sensibles de las organización vacantes como la Subdirección de Administración o la Auditoría Interna.
También se detectó un incremento de un 50% de la planta de personal en los últimos dos años.
El informe además denuncia un sistema informático obsoleto y de alto riesgo. “Los subsistemas informáticos utilizados no están integrados, son precarios y vulnerables, lo que provoca un alto riesgo sobre la información existente y no constituye una herramienta eficaz la para gestión de la OSPJN”, es una de las conclusiones.
Por los desmanejos internos también hay una denuncia judicial a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. La investigación judicial preocupa al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que estuvo al frente de la obra social desde 2008 hasta el 31 de agosto de 2021.
A través de la acordada 22, firmada por los cincos jueces, la Corte decidió auditar justamente ese período de tiempo: desde el 7 de abril de 2018 hasta el 28 de septiembre, cuando fue desplazado el entonces director de la obra social, Aldo Tonón.
En el informe realizado por la Secretaria General de Administración también se señala que no hay información confiable en ningún ámbito de la obra social. De hecho, no hay balances internos y se contrató a un contador externo que firma un balance en el que aclara que la información no es confiable.
Llamativamente, la obra social no tiene un presupuesto, tampoco hay un sistema de gestión.
Además, las licitaciones no tienen un control y hay numerosas compras directas. En materia de medicamentos, se detectaron diferencias de inventarios que marcan un desvío de 26.260 unidades físicas de medicamentos. Y se ha contratado a empresas que como FARMANDAT, sin que exista un control respecto de ello.
En relación a las emergencias médicas se ha contratado por licitación a empresas como “Health Service Argentina” para el área metropolitana y “Emergencia médica integral” para todo el interior del país.
