Como un árbitro que inclina la cancha ya sin ningún tipo de disimulo, la Corte venezolana puso una nueva piedra en el camino hacia el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro, un fallo que complica aún más esa crucial votación que lleva meses de atrasos jurídicos y burocráticos.
En una sentencia que responde a un «recurso de interpretación», el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dijo que las firmas necesarias para activar el referéndum, que después de largas demoras se estableció para fin de mes, deben alcanzar el 20% del padrón electoral en cada uno de los distritos del país y no en un conteo nacional, como estaba previsto.
En caso de que uno solo de los 24 estados no alcance ese mínimo de firmas, no se activará el referéndum, aun si la cifra general supera ese 20% que de acuerdo con la oposición basta y sobra para darle curso.
El fallo de la Sala Electoral del TSJ establece que la falta de recolección del 20% de cualquiera de los 23 estados o del Distrito Capital «haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio».
La dirigencia opositora señaló que la decisión de la Corte busca complicar la recolección de firmas, sobre todo en los estados rurales dominados por el gobierno. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), advirtió que no obedecerán sentencias contra la Constitución.
«Diga lo que diga la señora de la Sala Electoral del TSJ, digan lo que digan las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE): la Constitución es la Constitución», agregó.
La oposición se alista para recaudar entre el 26 y el 28 próximos los casi cuatro millones de firmas necesarias para activar la consulta popular contra Maduro. La MUD funda sus esperanzas de triunfo en el amplio respaldo popular ya manifestado en las elecciones de diciembre pasado, que le dieron la mayoría en el Parlamento, y en el bajísimo apoyo del electorado a Maduro, que está en sus mínimos históricos.
Pero hasta el momento los organizadores han corrido una carrera de obstáculos para llevar a buen puerto la iniciativa, sobre todo desde el Consejo Nacional Electoral -históricamente cercana al chavismo, igual que la Corte-, que logró postergar todo lo posible la recolección de firmas con el pretexto de irregularidades nunca probadas.
La MUD contaba con hacer el referéndum este año, lo cual obligaría a la salida de Maduro y el llamado a elecciones anticipadas. Según las últimas encuestas, al menos siete de cada diez venezolanos están a favor de celebrar el referéndum revocatorio cuanto antes, en razón de la compleja crisis en la que está sumergido el país, caracterizada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos, medicamentos y otros productos.
Pero en caso de realizarse el año que viene, como pretenden el CNE y todo el arco chavista, no habrá llamado a elecciones por haberse superado la mitad del mandato presidencial. Según la Constitución, Maduro deberá dejar el poder, pero será el vicepresidente en funciones quien tome las riendas hasta completar el mandato, que expira en 2019.
También están demoradas las elecciones de gobernadores y alcaldes de todo el país, que debían realizarse a fin de año, al cumplir cuatro años las autoridades elegidas en diciembre de 2012. Las encuestas anticipaban una debacle en varios estados del lado chavista, lo que desnudó otra maniobra dilatoria.
Pero en medio de los cambios de calendario y de nuevas reglas de juego, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció finalmente ayer que se votará en el primer semestre de 2017 para gobernadores y en el segundo para alcaldes.
Para Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la MUD y actual presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, si fuera por el gobierno no habría ningún tipo de votación en vista.
«El TSJ se declara en desobediencia a la Constitución otra vez -dijo Aveledo-. La verdad es que si fuera por el gobierno, no habría referendo ni elecciones regionales. Lo demás son excusas, maromas, trampas.»
La Nación
