Reforzar la ayuda social, reducir a la mínima expresión la intermediación de punteros o municipios en el manejo de planes, profundizar los mecanismos de control y exigir mayor capacitación, escolaridad o atención sanitaria a los beneficiarios. Bajo esta receta, el Gobierno buscará en los próximos meses encarar la campaña electoral con el foco puesto en los más necesitados y amortiguar el duro golpe del incremento de la pobreza que en los próximos días dará a conocer el Indec.
La decisión de Mauricio Macri de anunciar en la apertura de sesiones del Congreso un aumento del 46% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) responde a una estrategia de gestión y de corte electoral concreta para los próximos meses.
En la Casa Rosada están convencidos de que el Gobierno deberá reforzar la ayuda social en los próximos meses de campaña electoral por dos motivos centrales: por un lado, para mantener un control de la calle y la conflictividad social en un año económico muy difícil y, por otra parte, porque entienden que los sectores bajos son favorables al voto de Cristina Kirchner por lo que, razonan, se debe atender desde el Estado a esos sectores en forma inmediata.
De hecho, en el Gobierno ya saben que la semana que viene habrá una movilización con ollas populares, piquetes y marchas alentadas por el Bloque Piquetero Nacional que cuenta con el apoyo pleno del kirchnerismo.
Los funcionarios de Macri no admitirán públicamente estos datos reales de la estrategia política de Cambiemos. Pero en los despachos cercanos al Presidente están muy preocupados por lo que será el anuncio del Indec relacionados con los nuevos índices de pobreza, donde se espera un incremento del 29,6% al 32% aproximadamente.
No obstante, en la Casa Rosada ya abrieron el paraguas y alertan que ese índice medirá el último semestre del año pasado, que fue el peor por la crisis cambiaria, y destacan que en el futuro vendrá una mejora en la economía que llegará a los sectores más vulnerables.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, explicó a Infobae: «El adelanto de la movilidad de la Asignación Universal es una respuesta más que damos desde el Gobierno para acompañar proactivamente a los más de 2.4 millones de familias. Porque constituye un derecho social de los niños y niñas a estar protegidos, que garantiza que dos pilares fundamentales para su desarrollo, como lo son el acceso a la salud y a la educación».
En este sentido, Stanley, que lidera uno de los ministerios más sensibles del Gobierno, alertó: «Estamos convencidos de nuestra responsabilidad de protección social a las familias, pero con herramientas que les permitan avanzar sólidamente hacia una salida de la pobreza. No queremos políticas públicas estancadas, ni familias que necesiten de punteros para recibir asistencia. La protección social real (desinteresada de la política), busca la evolución, libertad, crecimiento y desarrollo de la persona con bases fuertes en escolaridad, oficio y empleabilidad».
De esta manera, la estrategia de Stanley apunta a evitar la intermediación de los planes sociales, garantizando el acceso de la ayuda social a través de una entrevista en las oficinas de Anses. «Pusimos foco en la contraprestación y su cumplimiento. Y trabajamos en la educación y capacitación de las personas que los reciben. La educación es una herramienta de libertad que les permite elegir quienes quieren ser», añadió la ministra de Desarrollo Social.
En la práctica, esta estrategia apuntará a reforzar los controles de contraprestación laboral sobretodo en el plan Hacemos Futuro y en promover la finalización de estudios secundarios de los beneficiarios de planes sociales.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social dijeron a este medio que la idea del Gobierno es reforzar los controles para evitar la superposición de planes, profundizar el cruce mensual de los beneficiarios con diferentes bases de datos para que no tengan otro empleo, aquellos que reciben un programa no tengan un auto de menos de 10 años de antigüedad y no más de una propiedad. Se buscará también reforzar este control con la exigencia de una consulta médica por año.
«Vamos a poner énfasis en que haya mucha capacitación de los beneficiarios de planes y en evitar que los municipios intervengan en esta ayuda social», reveló un destacado funcionario allegado a Stanley. En paralelo a ello se evalúan más aumentos de ingreso en algunos otros programas que no sólo sean el de AUH sino el Haciendo Futuro u otros programas. En líneas generales se contemplan aumentos similares al 46% que se dio para el AUH.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia consideró ante Infobae que «el Gobierno debería aumentar la ayuda social y el crédito a los sectores de bajos recursos para promover el consumo a fin de reactivar la economía». Pero alertó que la Casa Rosada no parece dispuesta a modificar la matriz prebendiaria de la política social sino todo lo contrario: «La política social del Gobierno fracasó porque no logró una inserción laboral de los sectores desprotegidos», dijo.
El Observatorio de la Deuda Social emitió el año pasado un duro informe del último trimestre que dio 33,6% de pobreza y un 6,1% de indigencia. Se registró así un aumento importante de los sectores desprotegidos en la Argentina y Salvia cree que estos números se mantendrán en el próximo informe de INDEC.
Sin embargo, el problema más grave para el director del Observatorio de la Deuda Social radica en que muchos sectores de clase media baja han caído en la pobreza y difícilmente se recuperen en lo inmediato. En medio de un universo de unos 2,5 millones de beneficiarios de planes sociales que hay en el país contando los jefes de hogar que reciben la AUH y los que tienen otros planes, sólo unas 20.000 personas lograron pasar al programa Empalme para recibir un trabajo formal e insertarse en la economía registrada.
En lo inmediato, el Gobierno parece preocupado por el control de la calle y en el panorama que vendrá en términos de conflictividad social en los próximos meses de campaña electoral.
Por lo pronto, ya hay un nuevo plan de protestas callejeras que dispuso el viernes pasado el Bloque Piquetero Nacional, conformado por la CCC, la CETEP, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Allí se acordó que el 14 de marzo se llamará a una jornada nacional de ollas populares en las calles para declarar la emergencia alimentaria y promover distintas medidas de políticas sociales.
Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, alertó: «Si no hay respuesta del Gobierno anunciaremos cortes de rutas en todo el país del 19 al 22 de marzo». Así, justificó las medidas al sostener que «el gobierno fracasó en la capacidad de generar trabajo por lo que no puede ser que deje en situación de hambre a la Argentina».
En tanto, desde el Movimiento Evita, Gildo Onorato dijo que «los reclamos son por la continuidad de los convenios de trabajo cooperativo, las leyes presentadas en Junio, asistencia a los comedores y merenderos por que la emergencia social y alimentaria son indispensables».
En este sentido, Onorato advirtió: «El Gobierno esta dinamitando los canales de diálogo social y no hay respuestas en ningún aspecto a los problemas estructurales, vamos a las calles porque el hambre no se tolera mas, el tiempo de Cambiemos esta agotado, tenemos que tratar de que no sigan haciendo daño. La prioridad es enfrentar la pobreza y el hambre».
