Argemina Gutiérrez, de 50 años, es una puestera criolla de Rivadavia a la que la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia le abrió un sumario por desarbustar sin permiso 24 hectáreas con las que los ingresos de su ganadería de subsistencia pasaron de 4.000 a 16.000 pesos por mes.
La superficie que desbajeró para poder sostener su hacienda con pasturas representa el 7% de las 350 hectáreas que un grupo de propietarios de Buenos Aires le donó en Capitán Pagé, a pocos kilómetros de Los Blancos, por los derechos posesorios que ella había heredado de su padre en la finca El Palo Santo.
La cesión, escriturada el 9 de octubre de 2013, no fue un acto de caridad, sino el resultado de un acuerdo en el que la campesina chaqueña renunció a reclamos por la ocupación anterior de tierras que los donantes (seis condóminos) adquirieron en 2008 sobre la ruta 81.
A los criollos nadie les regala nada. Están marginados hasta en las leyes de la Nación, y por eso más de uno se autorreconoció como aborigen para no terminar desterrado.
Por si fuesen pocos sus pesares, el ordenamiento territorial que se sancionó con la supuesta finalidad de garantizar manejos más racionales y sostenibles del ambiente los condena a seguir inmersos en la pobreza generacional de Rivadavia.
Argemina Gutiérrez viajó dos veces a la capital salteña con uno de sus hijos para gestionar un permiso en la Secretaría de Medio Ambiente, pero no se lo dieron porque su finca está pintada de amarillo en el mapa de ordenamiento territorial. «Ella hizo un cambio de uso de suelo sin autorización y por eso tiene abierto un sumario», señaló la jefa del Programa de Fiscalización y Control del organismo ambiental de la Provincia, Silvina Borelli, tras recordar que la ley de ordenamiento territorial prohíbe desmontes o desbajerados en las superficies categorizadas con mediano valor de conservación (amarillo).
Borelli precisó que hay cerca de 500 expedientes en trámite contra pequeños, medianos y grandes productores. «La ley provincial 7.543 de ordenamiento territorial de bosques rige para todos por igual», subrayó la funcionaria, y explicó que en áreas de mediano valor de conservación solo están permitidos aprovechamientos forestales y planes de manejo. Para estos últimos, los interesados deben presentar proyectos que luego de evaluaciones en campo se aprueban o rechazan.
Manejo recomendado
En su descargo, Argemina Gutiérrez sostuvo que no hizo ningún cambio en el uso del suelo de su propiedad, sino una mejora de manejo de la actividad con la que a duras penas subsiste. «Lo que hice en mi tierra fue un desarbustado recomendado por el INTA», afirmó la puestera chaqueña, en referencia a un rolado selectivo de baja intensidad (RBI) con el que raleó un poco de duraznillo para poder sembrar pasto.
El ingeniero agrónomo Fernando Cenci, quien asesoró a la puestera en su defensa, aseguró que «el desmalezado del monte y la implantación de pasturas equilibró la armonía vegetal que tenía el ambiente original de la zona hace un siglo». Según el profesional, la fracción en la que se ordenó a Argemina suspender las actividades se considera de mediano valor de conservación, pero no se aclara cuál es el valor a conservar. «Según el mapa que categoriza a la provincia de Salta, el catastro se encuentra en el amarillo social, ya que no tiene limitantes de pendiente, suelo ni otro factor que impida una producción ganadera sustentable con prácticas de manejo adecuadas», recalcó Cenci.
En Rivadavia Banda Norte cerca de 650 familias campesinas viven con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
El paisaje común de sus espacios peridomésticos está definido hoy por grandes peladares y madrejones que cada vez tienen menos capacidad de reserva de agua, por los suelos que arrastra la erosión hídrica y se sedimentan en sus lechos. Cenci, quien asistió en implantaciones de pasturas a un medio centenar de puesteros de la zona, advirtió que los procesos de enlame “van en aumento tanto en intensidad como en superficie”.
En el municipio de Santa Victoria Este, otras 460 familias criollas conviven en iguales condiciones con más de 90 comunidades originarias de las etnias wichi, chorote, toba, tapiete y chulupí. En el extenso espacio de los ex lotes fiscales 55 y 14 se expresa otro de los problemas centrales del Chaco salteño: los conflictos de tierras. La inmensa mayoría de criollos no cuenta con títulos de propiedad, aunque sus posesiones se remontan a tres e incluso más generaciones. El Estado poco hizo en un siglo para regularizar la situación dominial de sus puestos. “Yo pude obtener mi título de propiedad por un acuerdo que firmé para poder estar tranquila, producir y vivir dignamente de mi actividad, como querían mis padres y mis abuelos, pero no me dejan hacer nada”, lamentó Argemina Gutiérrez.
Antonio Oieni/El Tribuno
