La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó que se defina si será sobreseída o irá a juicio oral, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compraventa de dólar futuro durante el final de su mandato.
Fuentes judiciales informaron a Télam que Beraldi solicitó el «pronto despacho» del expediente, tras considerar que ya venció el plazo establecido para que la Cámara decida si confirma el procesamiento de la ex jefa de Estado o si la sobresee, como ella solicitó hace ya más de un mes.
«Lo que Cristina persigue es que se resuelva su situación procesal en la causa, ya sea sobreseyéndola o bien confirmando el procesamiento de Bonadio, lo cual le permitiría ir a un juicio oral y público en el cual defender su posición», explicaron las fuentes.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, que será la encargada de definir la situación procesal de la ex presidenta, está integrada por los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
El juez Bonadio procesó a la ex presidenta por «defraudación a la administración pública», en el marco de la causa en la que se investiga si hubo irregularidades en la fijación del precio del dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015, al final del tercer mandato kirchnerista.
En el fallo, que emitió el 13 de mayo, el magistrado también procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
«Al momento mismo de realizar esos contratos, se estaba soslayando olímpica y deliberadamente el verdadero precio de mercado, teniendo en cuenta el contexto económico imperante en el país, al cual el mercado como se ha visto no era ajeno», sostuvo Bonadio en el fallo en el que sostuvo que la decisión política de la entonces presidenta le generó pérdidas al Estado.
La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20 de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo; y el radicalismo, Mario Negri; en lo que fue el primer movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta electoral para elegir presidente.
Los legisladores, asesorados por el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, sostenían que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15.
Aunque los diputados opositores no habían denunciado a la entonces presidenta, en febrero Bonadio la acusó de haber aprobado operatoria que habría representado “una pérdida de 17.000 millones de dólares” a la institución monetaria, según constaba en la imputación.
Fuente: Telam
