Cuando terminó la Cumbre del Mercosur en Mendoza, Mauricio Macrituvo que apelar al budismo zen para ocultar su pésimo humor. Estaba molesto con Tabaré Vázquez, que frenaba la expulsión de Venezuelapara satisfacer sus propias necesidades familiares y políticas. El presidente tuvo un frío vis a vis con su colega uruguayo y al terminar la Cumbre volvió a jurar que Nicolás Maduro pagaría por sus excesos políticos. Macri no perdió tiempo: anuló la condecoración de la Orden del General San Martín que había entregado Cristina Kirchner a Maduro y forzó una reunión de cancilleres del Mercosur para terminar con la pertenencia de Venezuela al bloque regional. Frente a la jura de los convencionales constituyentes bolivarianos y la muerte en las calles de Caracas, Uruguay no tuvo otra alternativa que plegarse a la posición democrática de Argentina, Brasil y Paraguay.
Macri lideró la ofensiva contra Maduro, pero ahora tiene que encabezar su gestión diplomática más compleja, orientada a proteger a la oposición política, minimizar los efectos de la expulsión del Mercosur en la vida cotidiana de los venezolanos y evitar que Maduro cause un efecto dominó que implique el cierre de las embajadas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay en Caracas.
En este punto, el gobierno tiene dos posiciones. Macri, Marcos Peña y Fulvio Pompeo creen que ya hay que iniciar una nueva ofensiva que contemple la inmediata protección de las principales figuras de la oposición al régimen. Mientras que la línea de la Cancillería apela a la cautela básica de la diplomacia formal. El presidente, su jefe de Gabinete y el secretario de Asuntos Estratégicos argumentan que no hay tiempo que perder y que hay que encontrar consensos geopolíticos con los países de la región.
«A Venezuela no la van a sacar del Mercosur. Jamás. Somos Mercosur de alma, corazón y vida. Algunas oligarquías golpistas como la de Brasil o unas miserables como la que gobierna Argentina podrán intentarlo mil veces, pero siempre estaremos ahí», dijo Maduro a la radio que regentea Luis D’Elía en Buenos Aires.
El presidente de Venezuela tiene un cronograma de trabajo que ejecutará sin ninguna contemplación. A través de la Convención Constituyente asumirá la suma del poder público de Venezuela, reforzará las condiciones de persecución de los referentes opositores y designará a una nueva jefa del Ministerio Público, porque la fiscal rebelde Luisa Ortega ya fue destituida y ahora se ha escondido para evitar que la capture Maduro y sus servicios de inteligencia.
Macri se tomará unas horas para definir su posición institucional. Quiere saber qué harán sus socios del Mercosur, qué condiciones de seguridad se pueden establecer en la embajada argentina en Venezuela y cómo puede reaccionar Maduro si una decena de perseguidos políticos –entre ellos la ex fiscal Ortega—solicitan asilo a la Argentina. El presidente sabe que Chile ya protege a un puñado de perseguidos, que facciones bolivarianas atacaron la embajada de España y que es mínima la ayuda que se puede exigir de la Casa Blanca.
El Mercosur expulsó a Venezuela y aguarda que Maduro retroceda un paso para abrir una mesa de negociación entre todas las partes en pugna. Será difícil: el presidente bolivariano no dudó en limar la imagen internacional de Francisco para apuntalar su propia posición entre las distintas facciones del régimen que heredó de Hugo Chávez. Si no lo hizo con el Papa, porque Maduro lo haría con Macri, a quién calificó como «empleado doméstico» de los Estados Unidos, mientras espera que Cristina lo llame para explicitar su solidaridad política y personal.
