El 5 de este mes la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el Congreso el proyecto de ley que incluye la adopción homoparental, además de una serie de cambios a la actual normativa de Matrimonio Civil. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa tan novedosa y sorpresiva para la idiosincracia de los chilenos? ¿La mandataria lo hizo por convicción o por obligación? ¿El proyecto tendrá éxito? Desde las organizaciones de la diversidad sexual lo apoyan, pero afirman que se presentó en un contexto que no favorece su aprobación.
Bachelet destacó el proyecto como un hecho histórico para Chile y agradeció a las diferentes organizaciones sociales que participaron en su elaboración, además de realizar un llamado a los parlamentarios para que la discusión de la iniciativa esté «a la altura de este debate».
Sin embargo, la trastienda y motivaciones de esta iniciativa están ligados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): acompañadas por el Movimiento de Integración y Liberación Sexual (Movilh), tres parejas se presentaron ante ese órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar al Estado chileno por la imposibilidad de contraer matrimonio en su país.
Rolando Jiménez es vocero y encargado del departamento de derechos humanos del movimiento y fue quién encabezó la presentación. En diálogo con Télam recordó que la decisión de recurrir a ese tribunal se tomó una vez que se agotaron todos los recursos internos, que incluyó una presentación ante la Corte Suprema por “la negativa del Registro Civil de reconocer dos matrimonios celebrados en el extranjero y negarse a casar a una pareja”. Uno de ellos, y aprovechando la sanción del Matrimonio Igualitario en la Argentina, se había casado en la provincia de Mendoza.
Jiménez relató que la Corte Suprema avaló la decisión del Registro Civil y que, entonces, se presentaron ante el organismo internacional para avanzar desde allí en la ampliación del reconocimiento de derechos para todos los ciudadanos de su país.
“Una vez que el tema estuvo en la Corte Interamericana, le propusimos al Estado una solución amistosa, que tenía como contrapartida el compromiso de mandar un proyecto de ley de matrimonio igualitario, quedando ese tribunal como garante del efectivo cumplimiento de lo acordado”, contó Jiménez, quien se mostró satisfecho con la normativa que el gobierno de Bachelet remitió al Congreso, más precisamente a la Cámara de Senadores.
En ese sentido, consideró que “el proyecto está muy bien encaminado y los contenidos que se enviaron al Congreso son los adecuados” y destacó “el compromiso del gobierno de Bachelet porque le da un valor distinto a nuestra demanda”.
Sin embargo, Jiménez fue el único de los consultados por Télam que no realizó críticas al momento elegido por el Poder Ejecutivo para la remisión de la normativa al Parlamento. Confió, en cambio, en que tener un acuerdo de solución amistosa, en la que la Corte Interamericana es garante, le permitirá al proyecto ver la luz “le guste al Gobierno que viene o no le guste”. Es que son amplias las posibilidades de retorno de Sebastián Piñera, por la alianza de derecha Chile Vamos, al Palacio de La Moneda, en las elecciones que se van a celebrar en noviembre de este año.
Es más, relató que el movimiento del que forma parte “siempre pensó que los procesos electorales son momentos oportunos para instalar debates” y apuntó que la gran mayoría de los candidatos presidenciales “suscribió un compromiso de impulsar la sanción del proyecto surgido de la solución amistosa”.
Jiménez aseguró, no obstante, que “es importante que antes que termine este período gubernamental se apruebe en el Senado la idea de legislar sobre el tema, lo que va a ser que el tratamiento sea imparable a futuro”.
Una postura diferente sobre el momento elegido para la presentación del proyecto, más allá de las valoraciones positivas en cuanto al mismo, la dieron la directora jurídica de la Fundación Iguales, Jimena Lizama, y la socióloga y militante de la Corporación Miles Claudia Dides.
Lizama reseñó que “presentar este proyecto fue un compromiso de campaña de la presidenta Bachelet y si bien es muy importante que haya cumplido, consideramos que los tiempos no son los mejores, ya que el proyecto debió presentarse al menos a principio de año”.
“El momento de presentación no es el adecuado, a la Presidenta le quedan siete meses de Gobierno, y en noviembre hay elecciones parlamentarias y presidenciales, por lo que muchos candidatos están preocupados de sus elecciones o reelecciones y temen perder votos al pronunciarse respecto a estos temas, especialmente en regiones más rurales”, apuntó Lizama.
La abogada desgranó en la charla con Télam el análisis que hacen desde la Fundación Iguales del proyecto presentado ante el Congreso: “El proyecto se parece bastante al que presentó la fundación hace poco más de un año a todos los poderes del Estado. Modifica el artículo 102 del Código Civil, reemplazando ‘un hombre y una mujer’ por ‘dos personas’; elimina la conducta homosexual como causal de divorcio; agrega que los progenitores de una persona son aquellas personas respecto de las cuales se ha determinado la relación de filiación; también establece una cláusula amplia, señalando que las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre entenderán aplicables a todos los progenitores sin distinción de sexo”.
La única diferencia con el proyecto presentado por la fundación a la que asesora legalmente es que éste último “contemplaba a todo tipo de parejas para el reconocimiento de hijos que se tuvieran a través de técnicas de reproducción asistida, mientras que el presentado por el Gobierno solo permite el reconocimiento de hijos a través de técnicas de reproducción asistida a parejas lesbianas”.
Lizama coincide con Jiménez en la importancia que tiene para el futuro del proyecto “que se apruebe la idea de legislar en este gobierno” y fechó “que lo más probable es que esta votación se realice en enero”.
Por su parte, Dides expresó que “este proyecto debería haber sido presentado mucho antes” y se mostró menos optimista en las posibilidades de que sea sancionado al decir que “habrá que ver si es prioridad para el próximo Gobierno” aunque reconoció que “el acuerdo por el fallo de la Corte Interamericana significa que se convierte en un instrumento de presión para el nuevo Gobierno”.
Dides agregó un elemento al contexto electoral, que dificulta aún más la discusión del proyecto que tiene que ver con lo que definió como una “avanzada” de “grupos integristas” tanto católicos como evangélicos. La socióloga explicó que la actitud de estos colectivos tiene que ver con que la normativa “vuelve a poner en cuestión los cimientos del orden y las leyes conservadoras de Chile”.
Las voces consultadas por Télam se unen nuevamente al puntualizar las particularidades del proceso legislativo en el vecino país. El proyecto se encuentra ahora en la Comisión de Constitución del Senado. Si la normativa fuera aprobada, pasaría a la Sala de la Cámara alta que también tiene que sancionar en general la ley para que esta vuelva a la comisión para su tratamiento en particular y finalmente retornar a la Sala para su media sanción definitiva. Este es el proceso que las organizaciones de la diversidad sexual esperan que este finalizado antes de que termine el mandato del actual Gobierno.
La preocupación radica en que en materia de derechos sexuales y reproductivos, el Parlamento es lento en la aprobación de leyes. Lizama dijo que “respecto a los tiempos de su aprobación, no podemos ser tan optimistas, teniendo presente que la ley antidiscriminación demoró siete años en convertirse en ley, cinco años en el caso de la Unión Civil y la ley de identidad de género lleva más de cuatro años en el Congreso y recién hace un mes y medio pasó a segundo trámite”.
Fuente: Telam
