“La idea de Grabois de buscar tierras para que la gente las explote no es descabellada», indicó el presidente

El presidente Alberto Fernández respaldó a Juan Grabois luego del revés judicial que sufrió ayer en Entre Ríos y que lo obligó a retirar a sus militantes de un campo de la familia Etchevehere que había sido ocupado ilegalmente.

Si bien dijo que el caso del establecimiento “Casa Nueva” es una cuestión familiar que dirimió la Justicia sin intervención del gobierno nacional, el jefe de Estado valoró los proyectos del dirigente social para entregarles tierras a las familias pobres.

Según declaró en diálogo con Gustavo Silvestre en Radio 10, la idea base de Grabois de buscar tierras alejadas de los centros urbanos para que las familias hacinadas las exploten debe ser tenida en cuenta por el gobierno. “No es una idea descabellada”, planteó.

“Es una idea para volver a recuperar la vitalidad del campo, porque la realidad dice que en la historia argentina la producción de cultivos como la soja, que cada vez desemplea a más gente en los campos, permitió que toda esa gente se hacinara en zonas urbanas donde no tiene lugar donde vivir”, analizó.

Ante una repregunta, Fernández aludió a un proyecto que impulsa el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, que pretende sancionar una ley de arraigo para garantizar el acceso a la tierra para la producción local y saludable de alimentos.

“Por eso, ideas como sacar a la gente de centros urbanos en donde viven hacinadas y ver cómo se pueden desarrollar cultivando la tierra, haciendo una producción ecológica de verduras, de alimentos, es muy valiosa…. Y la verdad es que debiéramos promoverlo eso”, prosiguió.

“Detrás del planteo de Grabois hay algo serio, hay algo razonable, hay algo para discutir”, agregó.

Grabois logró el respaldo del Presidente pese al revés judicial (Franco Fafasuli)

Integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y allegado al papa Francisco, Grabois creó el Proyecto Artigas, desde dónde impulsó su participación en el caso Etchevehere y planteó la necesidad de avanzar con una agricultura familiar que no haga un uso responsable del medio ambiente.

En su página web, el Proyecto Artigas se presenta así: “Estamos viviendo una profunda crisis social y una profunda crisis ambiental. El desmonte, el uso de agrotóxicos, la contaminación de agua y suelos, el extractivismo, están destruyendo nuestra Casa Común. Al mismo tiempo, la economía descarta y expulsa de la Casa a sus hijos e hijas más vulnerables, negándoles su derecho a la tierra, el techo y el trabajo. Nos interpela la pregunta ¿qué mundo estamos construyendo? ¿qué mundo queremos dejarle a las generaciones futuras?”

Este viernes, el presidente Fernández reconoció que hay muchas tierras del Estado que podrían entregarse a quienes quieran producir. “Deberíamos pensar en permitir que se entreguen las tierras a quienes quieran producir y yo estoy muy decidido a apoyar todo eso, hay una vocación social de volver a lo ecológico, a la producción sin contaminantes y demás”, resaltó.

El mandatario adelantó además que dialogará con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para avanzar con el proyecto. “Hay que pensar soluciones de ese tipo que sirven y permiten sacar a la gente del hacinamiento en el que viven en zonas súper pobladas como el Rosario, Gran Buenos Aires, Córdoba, Bariloche y darles tierras, algo que socialmente es muy demandado. Y que haya alimentos producidos ecológicamente, sin agrotóxicos. Son todas cosas que se podrían hacer. Tiene un mercado y le darían a mucha gente la posibilidad de vivir dignamente”, completó.

El Presidente aclaró que la propiedad privada no es un tema de discusión en la Argentina. “La propiedad privada jamás fue un tema de debate en la Argentina. Cuando se ocupó Guernica, hubo un planteo de intendentes y de gobernadores manifestándose en contra. Y nadie, absolutamente nadie, promueve la toma de tierras… Pero había una segunda parte que analizar: hay mucha gente que necesita un techo y que busca tierras y eso es un conflicto social, no es un conflicto penal”, completó.

Infobae