La invasión hacker del perfil X de la primera dama de Brasil reaviva el debate sobre la Ley de fake news

El impacto que el hackeo del perfil X de Twitter de la primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, Janja como todos la llaman, esposa del presidente Lula, ha tenido en el debate político en todo el país ya ha sido bautizado como el “efecto Janja”. El pasado 11 de diciembre, un hacker consiguió acceder a la cuenta X, antes Twitter, de la esposa de Lula, invadiéndola con mensajes misóginos, machistas y alabando al ex presidente Bolsonaro. Rompiendo todo protocolo, el caso fue tratado inmediatamente por la Policía Federal y no por la policía civil, como es habitual. Un grupo de trabajo de la sede X de Brasil también se puso a disposición de la presidencia, por teléfono, para resolver la emergencia y bloquear temporalmente el perfil de Janja.

Pocos días después, la primera dama aprovechó el directo diario de su marido en las redes sociales para declarar que procesará a Elon Musk, dueño de X. “Ni siquiera sé dónde demandarle. Si demandarle en Brasil, si demandarle en EEUU. Sin embargo voy a demandarle”, dijo, añadiendo que, según ella, Musk “se hizo mucho más millonario” con el ataque hacker que ella sufrió. La respuesta de Musk en Twitter no se hizo esperar: “No está claro cómo el hecho de que alguien adivine la contraseña del correo electrónico es nuestra responsabilidad”. El perfil de la mujer de Lula es un perfil de los llamados ‘verificados’, se paga por ello y requiere autenticación de dos factores. En lugar de basarse únicamente en la contraseña, la autenticación de dos factores introduce una segunda comprobación, normalmente por correo electrónico. Por tanto, según los expertos, el pirata informático habría entrado primero en el buzón de correo electrónico de la esposa del Presidente. Según Carlos Moratelli, experto en seguridad informática, “el usuario es el eslabón más débil de la seguridad informática, porque pocos usuarios siguen las recomendaciones dadas. Por ejemplo, si el usuario ha facilitado sus credenciales de acceso a un sitio web malicioso, X o cualquier otra red social tiene poco que hacer: la cuenta será hackeada”.

A pesar de ser éste el contexto tecnológico en el que se produjo el incidente, la esposa del presidente continuó su polémica con Musk. Le acusó de restar importancia en “tono irónico” a “un grave incidente” que, según ella, afecta a “miles de mujeres cada día en X”. También se quejó de que tardó cuatro minutos en ponerse en contacto con la plataforma y “una hora y media en bloquear su perfil”. Y aunque probablemente le resultará difícil ganar un pleito contra X en Estados Unidos precisamente por el doble factor de autenticación con el que X protege a los perfiles de sus usuarios verificados, la ocasión sirvió sin embargo para resucitar un asunto que hasta ahora permanecía bloqueado en la Cámara de Representantes desde el mes de mayo. A saber, la discusión y aprobación de la propuesta de ley sobre las fake news, la PL 2630. “No sólo tenemos que regularizar las redes, sino que también tenemos que discutir la monetización de estas redes sociales. Hoy, las redes sociales están por encima de todo. Por encima de las normas, por encima del famoso mercado”, dijo Janja.

Mientras tanto, la prensa brasileña ya ha anunciado que tan pronto como regrese de sus vacaciones de Navidad el próximo año, Lula intentará convencer al presidente de la Cámara, Arthur Lira, del partido Progresistas (PP) para que reintroduzca el proyecto de ley de Fake News como parte de la cuestión más amplia de la inteligencia artificial. Lira discutió hace poco con los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) la posibilidad de una regulación de la inteligencia artificial, ya que 2024 será un año de elecciones municipales y es muy previsible una fuerte polarización política, como ocurrió en las presidenciales de 2022.

Elon Musk (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

De hecho, el núcleo de la propuesta de la ley sobre las fake news es la creación de una agencia “autónoma”, establecida por el Gobierno, con superpoderes. Según la poca información que se filtró del texto, este organismo regulador comprobará que las plataformas cumplen la ley, establecerá procesos administrativos y aplicará sanciones en caso de infracción, pero sin ofrecer ningún detalle sobre el perfil de los nuevos Catones censores, ni sobre los criterios que utilizarán para calificar los contenidos como ilícitos. El debate a nivel internacional ya existe, incluso se discutió durante la última reunión del G20 en noviembre, pero es delicado y sobre todo depende mucho de las legislaciones nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Primera Enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, siempre ha condicionado el debate. En Europa, en cambio, existe la propuesta de ley del Digital Services Act (Norma de servicios digitales), según la cual las plataformas deben revelar información que hoy es secreta, como el funcionamiento de los algoritmos en la moderación y la difusión de contenidos falsos. Sin embargo Europa, a diferencia de Brasil, se centra en la regulación de los procesos, no de los contenidos.

Algunos de estos ataques fueron perpetrados por adolescentes, generalmente antiguos alumnos imbuidos en una cultura a menudo totalmente neonazi. Fue el caso, por ejemplo, de la matanza de 2022 en la escuela de Aracruz, en el estado de Espírito Santo, en la que murieron cuatro personas. El atacante, cuyo padre compartía en sus redes sociales posts alabando a Hitler y su libro Mein Kampf, fue filmado por las cámaras de la escuela vistiendo un uniforme militar y algunos símbolos, cuyo análisis podría ayudar a entender el peligroso vacío legislativo que es uno de los verdaderos límites en la gestión del problema en Brasil. En efecto, el joven llevaba una máscara en la boca que representaba una calavera. Se trata de la llamada “máscara de calavera”, un símbolo utilizado en Estados Unidos por grupos extremistas aceleracionistas (literalmente “que quieren acelerar el estado de caos”) vinculados al foro neonazi en línea Iron March. La exhibición de este símbolo, sin embargo, no está penada por la ley en Brasil, mientras que la esvástica que llevaba el chico en el brazo sí lo está.

Pero, ¿a qué se debe esta arenosa paradoja? El artículo 20 de la Ley 7716 de 1989 contra la Discriminación y los Prejuicios establece penas de prisión de dos a cinco años para quien “produzca, comercialice, distribuya o divulgue símbolos, emblemas, ornamentos distintivos o propaganda que utilicen la cruz gamada o la cruz de hierro”. La ley es antigua, se promulgó un año después de la constitución democrática del país y, para muchos expertos, debería ser uno de los puntos desde los que la sociedad civil debería iniciar el debate. Justamente por esta ley, la mayoría de los grupos extremistas o neonazis de Brasil han resucitado decenas de otros símbolos con significados extremistas para evitar caer en las categorías penadas por la ley. Uno de los símbolos neonazis más utilizados, pero no perseguibles legalmente, es la bandera del Partido Tradicionalista de los Trabajadores, un grupo neonazi activo en Estados Unidos hasta 2018.

Lula intentará convencer al presidente de la Cámara, Arthur Lira, del partido Progresistas (PP) para que reintroduzca el proyecto de ley de Fake News (REUTERS/Adriano Machado)

Otro problema que muchos investigadores policiales vienen denunciando desde hace tiempo es la falta de conocimiento profundo de estas redes por parte de muchos de sus colegas. No existe una base de datos específica sobre el tema. Todo depende de la iniciativa de algunos investigadores individuales o de pequeños equipos. Así que a menudo ocurre que se investiga un caso en el que el autor también puede tener antecedentes neonazis, pero este hecho no se indaga. Un ejemplo fue la detención este año de uno de los mercenarios que protegían al ahora fugitivo narcotraficante Antonio Joaquim Mota. Tras la detención de Iuri Silva de Gusmão, conocido como Legio, supuestamente preparado para ir a luchar a Ucrania, los investigadores descubrieron el águila del Tercer Reich tatuada en su espalda. En un interesante seminario sobre “Contrarrestar el discurso de odio de los grupos neonazis en Brasil”, organizado por el Ministerio Público Federal del estado de Santa Catarina, los policías que siguieron el caso revelaron cómo el intercambio de información entre los investigadores fue también crucial para la denuncia. El hombre había sido detenido anteriormente por ser miembro del “Movimiento Patria Nostra”, un grupo neonazi acusado de golpear a negros y homosexuales y con vínculos con el movimiento neofascista italiano Forza Nuova.

Pensar, por tanto, que el proyecto de ley de Fake News, tal y como se ha estructurado hasta ahora, puede solucionar la radicalización del país es, según los expertos, limitante. Ante todo, sería prioritario ampliar las leyes existentes o crear otras nuevas que extiendan el delito de enaltecimiento del nazismo a un abanico más amplio de situaciones y símbolos. También es necesario formar a los agentes que luego pasarán a actuar en la sociedad a diversos niveles (policía, jueces, profesores) para que tengan las herramientas necesarias para saber dónde mirar y cómo reconocer las dinámicas extremistas. También sería importante que Brasil formara parte en breve de los grupos de trabajo del Foro Global de Internet para Combatir el Terrorismo (GIFCT), que reúne a representantes de las principales plataformas sociales, gobiernos, academia y sector privado para discutir y debatir las dinámicas del extremismo global y las posibles soluciones en la moderación de contenidos. Además es necesaria una educación digital más generalizada, que enseñe comportamientos digitales correctos incluso para evitar fraudes en línea o hackeos a través de enlaces maliciosos.

Y la educación digital también es importante para la clase política, para que sea realmente consciente y sepa lo que ofrece a los ciudadanos en materia de seguridad digital. Por ejemplo, el Gobierno acaba de lanzar, a bombo y platillo, la aplicación “Teléfono móvil seguro”. A falta de contrarrestar el fenómeno de los robos, la idea es al menos mitigar los daños. El sistema propuesto informa al banco y al operador de telefonía móvil de la víctima y presenta una denuncia a la policía de la ciudad donde se ha producido el delito. Sin embargo, la aplicación tiene una limitación importante. No consigue “apagar el móvil”, es decir, no logra ocultar todos los datos sensibles del propietario y sus redes sociales, que pueden ser utilizados por los ladrones para múltiples fines delictivos. Recientemente, en Río de Janeiro, un ladrón incluso hizo una transmisión en directo en el Facebook de la víctima a la que había robado el móvil. Por último, a pesar de que el gobierno acaba de lanzar una campaña titulada “Brasil es un solo pueblo” para contrarrestar el discurso del odio, el presidente Lula sigue apretando el acelerador de la polarización política, un peligroso detonante en un país que ya ha vivido la violencia de la invasión de los palacios del poder en Brasilia el pasado 8 de enero. La semana pasada, en un discurso público en el estado de Espíritu Santo, Lula llamó a Bolsonaro “criminal” y “esa cosa”. En definitiva, es necesario abordar el problema de las redes sociales con un enfoque más amplio para evitar que el extremismo pase de las redes sociales a la realidad y viceversa sin las herramientas necesarias para evitarlo.

Fuente Infobae