La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia resolvió habilitar la feria judicial para decidir si se suspende la consulta popular en La Rioja por la re reelección del gobernador Sergio Casas, prevista para el próximo 27 de enero, a raíz de una presentación de dos diputados de Cambiemos.
A raíz de esta medida, el Gobierno provincial, a través de una solicitada publicada en los principales matutinos, cuestionó a la oposición por «menoscabar los derechos del pueblo y la autonomía de la provincia».
«Se pretende a través de un pronunciamiento judicial, inducido en base a mendaces argumentos, lograr objetivos de esta naturaleza y con ese calificativo, como por ejemplo cuando se tergiversa el alcance de la Ley de Enmienda aduciendo que se abre la posibilidad de la reelección indefinida del cargo de gobernador», se cuestionó en el comunicado.
Y en el texto se amplió: «Exhortamos a la sensatez que caracteriza al máximo órgano jurisdiccional de la República, y siguiendo la doctrina sentada en la jurisprudencia recientemente dictada en los casos conocidos como ‘Salta’, ‘Santa Cruz’ y ‘Santiago del Estero’, para que no permita desnaturalizar con intensiones secundarias los derechos del pueblo y la autonomía provincial».
Habilitar la feria judicial en la Corte Suprema es una resolución muy poco común. La última vez había sido en 2002, comentaban los memoriosos del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Con la habilitación de la feria, el pedido de los diputados Héctor Olivares y Marcelo Wechsler -patrocinados por el abogado Ricardo Gil Lavedra- se analizará como cualquier expediente.
En el escrito presentado por los legisladores oficialistas se impugnó por «inconstitucional» la convocatoria a una consulta popular obligatoria para el 27 de enero en La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional «viciada».
«Con esta presentación pretendemos resguardar las instituciones de la Provincia. Queremos impedir que la Constitución de La Rioja sea un traje a medida de los gobernantes. Sergio Casas y sus aliados quieren mantenerse a toda costa en el poder para preservar su impunidad», manifestó Olivares.
La judicialización del plebiscito riojano por parte de Cambiemos puede poner en riesgo la primera elección del año. La consulta popular debe definir si el gobernador Casas puede ser candidato a un nuevo mandato. Es que el artículo 120 de la Constitución provincial sostiene que el gobernador y el vicegobernador «podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período».
Casas fue vice de Luis Beder Herrera (2011-2015) y fue elegido gobernador en 2015. El mandatario impulsó la enmienda para poder postularse. Fue aprobada por 27 sobre 36 diputados provinciales y debe ser refrendada por consulta popular.
