La jueza que liberó al motochorro colombiano tras un pago de 700 pesos ahora autorizó su expulsión del país. De esta manera, Migraciones necesita la aprobación del Juzgado Contencioso Administrativo Federal de turno para poder ordenarle a la Policía la detención de Jair Stevens Jurado Mora y avanzar luego en el proceso que terminaría con su expulsión.
Este jueves, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), informó que el pedido de expulsión del país del ciudadano colombiano Jurado Mora quedó firme al vencer el plazo que el motochorro tenía para interponer un recurso jerárquico contra la medida.
La situación de Jurado Mora, que cuenta con antecedentes penales en su país, había vuelto a quedar en manos de Patricia Guichandut, la magistrada que lo liberó dos días después de ser arrestado por un robo de un teléfono celular a una joven en Almagro.
Para poder solicitar una nueva detención del delincuente mientras se tramita la deportación Migraciones necesitaba el aval de Guichandut. Finalmente, la jueza notificó que no se opone al proceso de extradición.
La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, Patricia Guichandut
Jurado Mora, un joven de 25 años que llegó al país hace poco más de tres meses y nunca tramitó su residencia, había sido arrestado el pasado 22 de enero. El Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62, a cargo de Guichandut, le concedió una probation en una causa por «robo en grado de tentativa».
En un juicio abreviado, la magistrada le impuso la obligación de cumplir cuatro condiciones: regularizar su situación en Migraciones, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, no consumir drogas ni alcohol durante un año y resarcir a la víctima del robo con $700. Así, Jurado Mora recuperó la libertad dos días después.
Sin embargo, al día siguiente, el viernes 25, fue informado de la expulsión del territorio dispuesta por Migraciones. De acuerdo a la normativa para estos casos, el lunes 28 empezó a correr el plazo de tres días para que Jurado Mora puediese interponer un recurso jerárquico. Este plazo terminó ayer.
Por otra parte, en el caso del ciudadano uruguayo Antonio José Franco, la DNM dispuso su expulsión el 10 de noviembre del 2016, pero fue apelada el 23 de abril de 2018 y tiene todavía el expediente en trámite. Es distinta a la situación del colombiano.
«Esta decisión se da en el contexto de los dos ejes de la política migratoria dispuesta por el ministro Rogelio Frigerio: puertas abiertas a la inmigración -como siempre ocurrió en el país- y cerradas a la delincuencia, el tráfico de personas y el narcotráfico», señaló un comunicado del Ministerio del Interior.
La DNM también recordó que el Decreto 70/2017, que permitió agilizar judicial y administrativamente los trámites de expulsión, fue dictado hace dos años, el 27 de enero de 2017. «El trámite no debería demorar más de seis meses», se aseguró.
Ambos casos generaron fuerte rechazo en las altas esferas de poder: el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta cuestionaron la polémica resolución. Guichandut, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó y justificó su accionar en el caso del delincuente colombiano, aunque dijo que no intervino en el caso del ciudadano uruguayo.
