Por unanimidad, los miembros de la Sala de Feria de la Cámara rechazaron el procedimiento seguido en las medidas cautelares y revocaron la decisión del juez Alberto Ize, indicó un comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo.
Los tres jueces que integran la Cámara (Victoria Pérez Tognola, Nora Dorado y Juan Poclava Lafuente) señalaron que la medida cautelar para «su viabilidad se halla supeditada -como en todas las medidas cautelares- a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la acreditación de contracautela».
«Dicha circunstancia no parece debidamente justificada por la pretensora, pues no resulta suficiente el mero enunciado del dictado de la Ley 26.727 y la transcripción literal de citas jurisprudenciales, sin que mínimamente se precise el derecho inminentemente lesionado, no se justifica el dictado de la medida en la especie», agrega el texto.
También señala que «no resulta ocioso señalar que en cuanto al peligro en la demora dichos accionantes conforman meras manifestaciones carentes de fundamentación suficiente y comprobación y fáctica, pues en modo alguno acredita cual es el perjuicio que producirá la alteración del estado de hecho y de derecho existentes a partir de la aplicación de la normativa impugnada».
«Finalmente, no ha de perderse de vista que en la resolución que motiva el recurso en tratamiento, se omitió toda referencia a la exigencia de la contracautela, recaudo que el amparista pretende cumplimentar mediante la caución curatoria», continúa.
El fallo es contundente en cuanto a «la plena vigencia de la Ley 26.727» y rechaza «todos los cuestionamientos formulados al procedimiento seguido para poner en el cargo al Delegado Normalizador Marcelo Maffé, en cumplimiento por lo dispuesto en el decreto 6/2012 del PEN».
Por otra parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, resolvió hoy conformar un Comité Consultivo para brindar asistencia y asesoramiento al Delegado Normalizador del RENATEA, según el decreto 6/2012, se informó desde esa cartera.
TELAM
