El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes un pedido de sobreseimiento del empresario Lázaro Báez, quien está detenido desde el 5 de abril pasado en el penal de Ezeiza por presunto lavado de dinero.
«Las conductas fueron interpretadas dentro de un detallado cuadro contextual que abarcó no solo las graves denuncias de corrupción vinculadas a Lázaro Báez como contratista del Estado», sino también los propios delitos cometidos por el empresario patagónico vinculado con la utilización de facturas «truchas», señaló el magistrado en el escrito, dado a conocer por el Centro de Información Judicial.
Báez cuenta con dos procesamientos por lavado de dinero: uno por la utilización de facturas apócrifas y otro por el ingreso de dinero por parte de Helvecti Service Group, radicada en Suiza, y el cual se utilizó para comprar la financiera SGI.
Ante el juez, el abogado Maximiliano Rusconi planteó la excepción de falta de acción, esto es, que no hubo delito. Los letrados aseguran que no existió delito por parte de Báez, a raíz de que el dinero es de procedencia legítima y de una actividad lícita.
«El planteo no solamente de modo tardío y equivocado busca discutir la autonomía de la actual figura de lavado de activos sino que huele a sofisma pues intenta correr el eje de la cuestión y alterar los términos del reproche» del delito por el cual Baez está procesado, consideró Casanello.
«La aseveración de los letrados en torno a que el dinero involucrado en las operaciones de lavado era dinero lícito o legítimo producto de las ganancias declaradas por la realización de obra pública, es lisa y llanamente una alteración de los términos del reproche», añadió el juez.
Casanello recordó que Báez está siendo investigado por irregularidades como contratista del Estado durante el kirchnerismo: producto de ello se investiga al empresario y a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner en los casos «Hotesur» y «Los Sauces».
Pero el magistrado también recordó que sumado a ello existe la «fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria llevada adelante por Austral Construcciones S.A., en la cual las facturas apócrifas han constituido el ardid utilizado por la firma, como mínimo, para inflar costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado y defraudar, de tal modo, al fisco por sumas millonarias».
