El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó una cautelar y restituyó la vigencia de la Ley de Tierras que había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, Javier Milei.
Kreplak hizo lugar a una presentación del centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había reclamado dejar sin efecto el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la ley 26.737, que fija la restricción de venta de tierras a extranjeros.
Tras el pedido del CECIM, el juez decidió frenar la medida ya en vigencia y lo inscribió como amparo colectivo, ya que aplica a todos más allá de quien lo reclama.
“Si bien el objeto estatutario de la Asociación actora se orienta a la defensa concreta de los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el bien jurídico ‘Soberanía Nacional’, en razón de su naturaleza colectiva e indivisible, no resulta susceptible de tutela parcial o selectiva”, explicó el juzgado.
En ese sentido, la resolución señaló: “A mayor abundamiento, debe destacarse que la derogación de la norma legal tutelar, habilita sin más, la adquisición por extranjeros, de tierras rurales (en los términos vedados por la Ley derogada) en los mismos territorios ilegítimamente ocupados por el Reino Unido, que la Asociación actora tiene por objeto estatutario defender”.
Según el juez, el Gobierno no fundamentó los motivos de la derogación de la normativa adecuadamente. “La motivación del acto estatal discrecional es un presupuesto básico porque si no está motivado no es posible controlarlo o, quizás, el control es más difuso y débil en este contexto. Si el Ejecutivo no da razones sobre su elección (o las brinda en forma insuficiente), aun cuando la decisión sea jurídicamente válida, no es posible controlarla en términos ciertos”, añadió el magistrado.
Qué es la Ley de Tierras
La Ley de Tierras en la Argentina, sancionada en 2011 durante el gobierno kirchnerista, regula la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros.
Se centra en limitar la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones.
Además establece un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones. La ley busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.
Fuente: tn
