El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, dictó este lunes una medida cautelar que suspende todos los desmontes en la provincia de Chaco por un período de tres meses, ampliables.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
La denuncia, presentada el 3 de julio, señala un “aceitado mecanismo de corrupción” que incluye a funcionarios que otorgan permisos de explotación a empresas con las que mantienen vínculos directos.
Entre los principales acusados se encuentran Hernán Halavacs, ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible; los diputados provinciales Atlanto Honcheru y Juan José Bergia; y Zenón Cuellar, Intendente de la localidad de El Espinillo, entre otros.
La jueza Zunilda Niremperger, al conceder la medida cautelar solicitada por los Abogados Ambientalistas, ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco y al Ministerio de Producción la suspensión inmediata de todos los desmontes autorizados que todavía no se hayan ejecutado, así como la prohibición de otorgar nuevos permisos en toda la provincia.
Entre los delitos imputados a los funcionarios figuran abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, y asociación ilícita, entre otros.
A su vez, la gravedad de los hechos denunciados llevó al fiscal a solicitar la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que también se investigará a empresas involucradas en estos actos, como Vicentin y otros grandes grupos agroindustriales.
Al enterarse de la medida cautelar otorgada por la Justicia, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron: “Es un respiro para el monte chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la mafia del desmonte”.
Fuente TN
