El Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CE.M.A.R.C.) alcanzó un crecimiento exponencial del número de casos que logran un acuerdo por su intervención. Así lo reflejan los resultados obtenidos en cuestiones de familia, que revelan que casi la mitad de los litigios son solucionados en la instancia prejudicial.
Sobre el particular, la coordinadora del organismo, Dra. Sara Agüero, señaló que existen aproximadamente 13.000 legajos radicados en la ciudad Capital; 7.000 en La Banda y 1.000 en Frías. En su conjunto, arriban al acuerdo de partes un promedio del 40% de los casos.
Una vez firmado el acuerdo, se lo eleva al Juzgado de Familia para su posterior homologación, por lo que entonces adquiere peso de sentencia judicial y que pasará a ser obligatoria para las partes involucradas.
Debe recordarse que la mediación prejudicial es obligatoria para asuntos de Familia, lo que constituye una útil herramienta que tiene por finalidad reducir el número de causas tramitadas en los estrados judiciales.
Sin embargo, aún es considerable la cantidad de situaciones que deben elevarse para ser resueltas mediante vía judicial. En general, como consecuencia de la incomparencia de las partes a las audiencias.
“Pese a estas situaciones, pienso que esto ocurre como consecuencia del miedo que tiene la gente de asistir a la mediación, principalmente por el desconocimiento de la naturaleza de esta herramienta”, explicó la Dra. Agüero.
“La población muchas veces no tiene claro que este proceso no es un juicio o una denuncia y desconoce los grandes beneficios que tiene dirimir sus problemas por este medio. Así logra economizar tiempo, dinero, desgaste emocional propio de los juicios y permite una resolución basada en el acuerdo de las partes, sin necesidad que un juez imponga una solución en base a su conocimiento”, ejemplificó la funcionaria.
Por esta razón, el CE.M.A.R.C. lleva adelante campañas de concientización social sobre esta modalidad diferente para dirimir litigios, apoyado en los lineamientos establecidos por el Superior Tribunal de Justicia, en pos de perfeccionar el servicio que se presta al justiciable.
