Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de junio, los candidatos perdedores, en representación del partido gobernante y del establishment guatemalteco (la casta), emprendieron una serie de controvertidas acciones judiciales que parecían más bien a un golpe de estado velado. A través del Ministerio Público/Fiscalía General, cuestionaron los resultados e intentaron impedir la certificación del candidato en segundo lugar, Bernardo Arévalo (Partido Semilla). Al no lograrlo, buscaron en vano obstruir su participación en la segunda ronda el 20 de agosto; luego de su triunfo en ésta con más del 60% de los votos, el intento de golpe continuó.
El gobierno guatemalteco y el establishment político temen la promesa de Arévalo de erradicar la corrupción y la impunidad; sospechan que quiere reinstalar la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Su postura anticorrupción fue su principal lema de campaña y atractivo para los grupos marginados y los votantes jóvenes (Estados Unidos designó a la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, como corrupta en mayo de 2022).
El nuevo intento de golpe velado busca suspender al partido de Arévalo por presuntas irregularidades en el registro de sus miembros. A pesar de que en ambas elecciones obtuvo mucho más apoyo popular del requerido para inscribirse (0,30% de los votantes registrados) un fiscal ordenó a la Oficina de Registro de Votantes que suspendiera su partido. El fiscal ya había ordenado previamente la incautación de los padrones del partido en el Registro y había emitido una orden de arresto contra su director y dos de sus funcionarios. Paradójicamente, el día antes de la suspensión el Tribunal Supremo Electoral (TSE) validó los resultados del ballotage y proclamó a Arévalo presidente electo.
Después de la suspensión, el congreso guatemalteco dejó de reconocer al Partido Semilla como un bloque parlamentario y declaró a sus miembros como legisladores independientes, impidiéndoles participar como bloque en comités y reduciendo su influencia, un intento de forzar al presidente electo a abandonar su promesa anti-corrupción.
Dadas las amenazas a la integridad del proceso electoral, los Estados Miembros de la OEA Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay convocaron una segunda reunión del Consejo Permanente de la OEA el 1 de septiembre (la primera fue el 26 de julio), para abordar la situación en Guatemala. En ella, el Jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE/OEA), ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, y la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, expresaron su preocupación por los nuevos intentos de la Fiscalía de interferir en el proceso y descalificar al legítimo ganador de las elecciones.
Significativamente, los Estados miembros aprobaron por unanimidad una severa Declaración que expresó preocupación por las acciones judiciales postelectorales destinadas a subvertir la voluntad popular, suspender el partido de Arévalo e intimidar al candidato y sus militantes, así como a las autoridades electorales. La misma urgió a todas las instituciones y a la sociedad civil a respetar y garantizar “los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco…” y les instó a “evitar interferencias en el proceso de transición presidencial” y respetar “la separación de poderes”. Por otra parte, la Declaración saludó la decisión del TSE de certificar los resultados de las elecciones presidenciales y declarar ganador a Arévalo; e igualmente reconoció las medidas del presidente Alejandro Giammattei para garantizar la seguridad personal del presidente y su vice, así como su “compromiso de garantizar un proceso de transición ordenado…”, destacando su “invitación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para observar el proceso”.
Si bien el presidente ha reconocido la victoria de Arévalo y parece respetar la decisión de las autoridades electorales y ha iniciado la transición presidencial, su fiscal general continúa interfiriendo con el proceso y el partido perdedor progubernamental UNE aún no ha reconocido la victoria de Arévalos. ¿Hay un doble juego aquí?
La preocupación expresada en la OEA, sin embargo, parece haber tenido un impacto: el TSE canceló la decisión del Registro, citando el hecho de que el proceso electoral no termina oficialmente hasta el 31 de octubre; según la Ley Electoral, un partido aprobado para participar en el proceso no puede ser suspendido durante el mismo. La transición comenzó con la presencia del secretario general de la OEA, quien también ha pedido “el cese de acciones que erosionan el estado de derecho y… el respeto a la voluntad de la ciudadanía”. La propia administración Biden ha enviado un emisario para hablar con el presidente electo Arévalo y el presidente Giammattei. Pero no hay garantía de que el intento de suspender el partido no continúe hasta el día de la inauguración el 14 de enero de 2024. Veremos.
Las acciones del Consejo Permanente y del Secretario General demuestran la continua vigencia de la OEA y su Carta Democrática como los principales instrumentos para la defensa de la democracia en las Américas. También confirman el compromiso colectivo de garantizar la integridad electoral en los Estados miembros a través las MOEs. Estas acciones trascienden las diferencias “ideológicas” existentes entre los miembros y las críticas de Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Venezuela por la supuesta “interferencia” de la OEA en las elecciones de Bolivia de 2019. Su MOE en realidad evitó un autogolpe de Evo Morales.
Sin embargo, a pesar de las acciones de la OEA en defensa de la democracia, lo que finalmente la salva del colapso es el compromiso y el respeto de sus ciudadanos y líderes por los valores e instituciones democráticas.
Fuente Infobae
