La OEA expresó su «malestar» ante la decisión del régimen de Daniel Ortega de prohibir el ingreso a Nicaragua de su misión especial

La misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Nicaragua, designada para ayudar a buscar una salida a la crisis que vive el país, expresó este domingo, por medio de un comunicado, su «malestar» tras la decisión del régimen de Daniel Ortega de prohibirle el ingreso.

Asimismo, pidió al gobierno sandinista «revisar su posición y permitirle el ingreso al país para llevar a cabo su mandato», en un comunicado en el que afirma su «decisión de seguir adelante con las tareas que le fueron encomendadas por la Asamblea General ante el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua».

La misión tenía previsto estar lunes y martes en Managua a fin de gestionar ante las autoridades y la sociedad civil una solución a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

«El Gobierno nicaragüense había sido informado de la realización del viaje», añadió la misión, cuyos siete integrantes fueron designados el 30 de agosto y deben presentar su informe al Consejo Permanente de la OEA en un plazo de 75 días.

Nicaragua rechazó la conformación de la misión como una injerencia en los asuntos internos del país.

«Bofetada»

El coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el académico Carlos Tünnerman, consideró que la negativa del régimen a permitir el ingreso de la comisión significa que «está rechazando a todo el sistema interamericano (…) y se cierra a la búsqueda de una solución negociada» a la crisis.

El sábado, la ACJD dijo en un comunicado que la negativa a permitir el ingreso de la misión «es consistente con la política de estado policial» y el rechazo «a toda forma de construcción de puentes con la comunidad internacional y la oposición».

Las crisis estalló en abril, a raíz de protestas contra una reforma a la seguridad social que derivaron en un reclamo a la renuncia del presidente Daniel Ortega, que lleva 12 años en el poder y es acusado de actos de corrupción e instaurar una dictadura.

La represión de las protestas dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.500 exiliados, según grupos humanitarios.

El ex embajador nicaragüense ante la OEA, Edgard Parrales, valoró la medida de «sumamente delicada y una bofetada a un organismo del cual Nicaragua es miembro».

También advirtió que ello «va a tener consecuencias para el gobierno porque es un socio de mala fe».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «lamentó» a través de sus redes sociales «la decisión del Estado de Nicaragua».

Condena argentina

Por su lado, Argentina condenó la decisión y llamó al «gobierno nicaragüense a rever su posición y permitir el ingreso de la Comisión de la OEA».

En un comunicado, la cancillería argentina dijo que la medida «fue instrumentada a través de una comunicación de la Dirección General de Migración en la que se indicaba el vuelo de arribo de los miembros de la comisión, lo que constituye un hecho de inusitada gravedad por tratarse de información reservada».

Una carta de la Dirección de Migración que fue filtrada a la prensa nicaragüense y que aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales indica que la comitiva no fue autorizada entrar al país.

Entre los representantes que según la carta fueron impedidos a entrar al país figura Carlos Trujillo, delegado estadounidense ante la OEA, y Gonzalo Javier Koncke Pizzorno, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Otros miembros mencionados son Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario de Asuntos de las Américas de la cancillería de Argentina, y Elisa Ruiz Díaz, representante de Paraguay ante la OEA, entre otros.

Con información de AFP

Fuente: Infobae