Una sucesión de mensajes desde filas del kirchnerismo duro o extremo se encargó de reponer, en menos de una semana, la ofensiva para revertir los juicios por corrupción. La movida recordó el capítulo del pasado reclamo navideño por la “libertad de los presos políticos”. Pero con una diferencia sustancial: esta vez apuntó centralmente a la interna –empezando por el propio Alberto Fernández-, en lugar de los jueces de Comodoro Py. Y con otro dato inesperado: la andanada fue a contramano de la intención oficialista de desenganchar su estrategia judicial de tales objetivos y sombras.
Los reclamos abiertos para clausurar los juicios a ex funcionarios y otros referentes propios son calificados como marginales en cercanías del nuevo gobierno. Así lo dejaban trascender en diciembre y el silencio frente a las recientes demandas iría en la misma dirección. No parece sencillo cuando el foco de tensión es cada vez más doméstico. Y transita por el territorio sin frontera de la descalificación de los procesos judiciales más destacados, en primer lugar, los que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es al mismo tiempo una cuestión padecida y generada por el máximo nivel de Gobierno, con el argumento básico del “lawfare”. Y todo se reavivó cuando asoman otros rubros sensibles. En lo inmediato, el intento de despegar de cualquier nuevo cruce sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. También, en momentos en que renacen las versiones sobre la reforma judicial, con idas y vueltas sobre la fecha de presentación del proyecto.
El caso Nisman reapareció con potencia por variadas razones, en coincidencia con el quinto aniversario de su muerte. Impactó una serie de Netflix, a pesar de algunos manejos cuestionables y nulo aporte para quienes vienen investigando el tema. Agregaron ingredientes el cambio de mensaje de Alberto Fernández –significativo, aún con el cuidado de palabras para no aparecer terminante- y los matices diferenciados de otros, como Sergio Massa. Pero sobre todo sumó el cuestionamiento oficial a la pericia de Gendarmería que concluyó en que fue un asesinato.
Ese cuestionamiento en boca del Presidente fue el dato más potente desde el punto de vista institucional, no tanto su creencia o descreimiento sobre las circunstancias de la muerte de Nisman. Quizá por eso mismo, se buscó no abundar sobre la cuestión en las horas previas a los actos en memoria del fiscal.
En otro plano, también sensible, se anota el proyecto de reforma judicial que elabora el Gobierno. Desde el oficialismo, se destaca ante cada consulta el trabajo de Marcela Losardo y Gustavo Beliz. La referencia a la ministra de Justicia y al secretario de Asuntos Estratégicos aparece como un modo de “garantizar” una reforma destinada a diluir el poder de los jueces federales porteños y su relación con la política y las oscuridades de los servicios. Una iniciativa delicada, cuya redacción debería concluir en pocos días para entrar en sesiones extraordinarias. Se verá y podrá analizarse entonces la promesa.
En otras palabras, el Presidente apunta en primer lugar a contradecir las prevenciones sobre una reforma que de hecho termine frenando o mandando a vía muerta a las principales causas sobre corrupción, empezando por las que involucran a CFK. La escalada por los “presos políticos” y la recurrente aparición de algunos expertos kirchneristas van, precisamente, en sentido contrario.
Lo ocurrido alcanzó para reponer una interna por momentos aplacada en público, pero para nada superada y cruzada a menudo por mensajes privados.
El Presidente habló en un encuentro con dirigentes de organizaciones de derechos humanos. Y según voceros de esa cita, el lunes en la Casa Rosada, reiteró que a su juicio no hay presos políticos, pero sí detenidos de manera arbitraria por su condición política (es decir, opositores en la etapa de Mauricio Macri). Ese criterio no es cerrado y, en rigor, se fue ampliando de manera explícita.
Alberto Fernández siempre cuestionó el “abuso” de las prisiones preventivas. Y fue más enfático en los últimos tiempos acerca de ex funcionarios. Después, en línea con el discurso del “lawfare”, puso en duda las investigaciones y en lo que hace específicamente a CFK, consideró que son causas directamente armadas o construidas sobre funciones delegadas que no deberían ser juzgadas como decisiones.
Después de las elecciones de agosto y de octubre, más de una docena de detenidos en diferentes causas fueron liberados. La explicación más difundida fue que se debía a la nueva y precisa regla sobre la aplicación y alcances de la prisión preventiva. Pero, aún si es considerado como efecto de presiones políticas, no resolvería el reclamo de liquidación directa de las causas.
Julio De Vido volvió a cargar contra los juicios y dijo que le resulta “increíble” que haya detenidos “habiendo un gobierno del mismo signo”. Milagro Sala contradijo al Presidente y afirmó que se considera presa política. En la misma línea, más fuerte por su vertical alineamiento interno, se pronunció Oscar Parrilli. Más lejos como siempre fue Hebe de Bonafini: le reclamó primero al Presidente y después a los legisladores oficialistas que se definan y se comprometan para allanar el fin de las causas.
Eso último tuvo mayor eco además porque, en simultáneo, reapareció la movida para avanzar con un “tribunal de ética” a escala regional contra las causas que consideran expresión del “lawfare”, y contra medios y periodistas que investigaron casos de corrupción que involucran entre otros a CFK, Lula Da Silva y Rafael Correa. Un juego doblemente disparatado: la idea de un tribunal y el hecho de darse plazo hasta noviembre para pronunciarse sobre lo que ya se han pronunciado.
Al frente de tal “tribunal” está Eduardo Barcesat, con extenso recorrido en este terreno. Hace tiempo planteó el camino del Congreso para actuar a través de la Corte contra las causas en cuestión. Otro procedimiento de similar destino –una ley de revisión de casos- fue expuesto por Raúl Zaffaroni. No está claro si Hebe de Bonafini se refería implícitamente a tales ideas cuando reclamó desde la Plaza de Mayo un compromiso efectivo de los legisladores. En cualquier caso, el “lawfare” sería un enorme paraguas.
