En la actualidad el top five de las denuncias de los habitantes de la Capital Federal la completan el uso indebido del espacio público, los ruidos molestos, la acción de hostigar, maltratar a otra persona y conducir ebrio o bajo los efectos de drogas.
Éstas y otras acciones conflictivas, como organizar y explotar el juego ilegal en sitios privados o en la vía pública, moviliza hoy a los porteños a requerir una instancia judicial para resolver los conflictos. Mientras que la figura de «amenazas» es el delito que más presentaciones vecinales motivó.
«Con la modernización que hemos incorporado en nuestras oficinas, la gente se anima a acompañarnos para reconstruir el espacio público y hacer respetar la ley. Detrás de estas conductas, como la oferta de sexo o el uso indebido del espacio público, hay grupos delictivos. La fiscalía realizó varios allanamientos gracias a estas denuncias, donde por ejemplo se comprobó la existencia de trata de personas», afirmó el fiscal general porteño Germán Garavano.
En diálogo con un matutino porteño, el funcionario agregó que «por un lado el plan de acceso con difusión de delitos le facilitó a la gente la posibilidad de denunciar, una cuestión que antes era una potestad policial. Por este motivo hoy los vecinos demandan cada vez más, van a las fiscalías y así accionan este mecanismo de control y sanción».
En junio pasado una vecina, con seis testigos, denunció por daños, violación de domicilio y ruidos molestos al dueño de un reconocido supermercado que instaló un «local express» en la planta baja de un edificio, lindero al departamento que alquila, en Congreso.
La denuncia fue porque ingresaron en la vivienda sin permiso, rompieron un vidrio y colocaron un andamio para instalar dos caños. «El 15 de junio recibí una llamada de mi inquilina avisándome que al salir del baño había sorprendido a seis obreros trabajando en el patio de mi casa sin permiso», aseguró la denunciante según consta en la causa.
Pero luego de una mediación, hubo un acuerdo de partes en la que el propietario del comercio se comprometió a pagar los daños ocasionados.
Este programa judicial, que se creó en 2007 para atender en forma inmediata a la gente, posee un teléfono gratuito: el 0800-33-347225 (fiscal).
