El juez federal Ariel Lijo aceptó hoy a la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso, como querellante en la causa Ciccone y de esta manera el gobierno de Mauricio Macri será una de las partes del expediente en el que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou.
El magistrado hizo lugar a un pedido de la OA para ser querellante y ahora el organismo podrá pedir medidas de prueba o declaraciones de personas, como una nueva parte de la causa.
Además, la OA tendrá ese rol en otros dos expedientes que tramita Lijo. Uno por la intervención de la empresa The Old Fund, compradora de Ciccone, y de Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Boudou, por su participación en la reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa. El segundo por el presunto enriquecimiento ilícito de la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, su marido, Manuel Somoza, y otros ex funcionarios.
Lijó justificó su decisión en el fallo «Gostanian» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que sostuvo que «el bien jurídico protegido es, en este caso, la administración pública, por lo que parece legítimo que el Estado incoe contra el supuesto autor acciones penales y civiles, y por lo tanto –lejos de actuar como órgano jurisdiccional– se constituya parte del proceso».
En la causa Ciccone están procesados Boudou, su amigo y socio José María Núñez Carmona; Vandenbroele; el dueño de la compañía, Nicolás Ciccone; el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner; y el ex funcionario de Economía Guido Forcieri por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
A todos se los acusa por la compra del 70% de las acciones de Ciccone que hizo The Old Fund tras el levantamiento de la quiebra de la compañía a través de la injerencia de Boudou y sus allegados.
Para el fiscal Di Lello, respecto de Boudou, Vandenbroele, Núñez Carmona y Ciccone «estaría completa la instrucción en tornos a las conductas relaciones con la figura de cohecho».
