El primer paso de la oposición será pedir una mayor celeridad a la Corte Suprema en relación a las aclaraciones que debe dar sobre cómo se tramitará en el Congreso el posible juicio político contra la mandataria, dijo el jefe del grupo del partido Demócratas (DEM) en la Cámara Baja, Pauderney Avelino.
El diputado explicó que, después de que el Tribunal Supremo publicó la sentencia de diciembre pasado mediante la cual suspendió el proceso contraRousseff por «errores de procedimiento», ahora «debe aclarar cómo será conducido el trámite».
Según Avelino, esa aclaración requiere ahora de «más urgencia», una vez que la Fiscalía sospecha que el antecesor y padrino político de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, se enriqueció en forma ilícita con las corruptelas en la estatal Petrobras y que el dinero de la corrupción petrolera alimentó la campaña de Rousseff en 2014.
El pasado viernes, la Policía Federal allanó las residencias de Lula, algunos de sus familiares y allegados, en una vasta operación en el marco de la cual llevó al expresidente desde su casa a una comisaría para prestar declaración.
Avelino también dijo que la oposición anexará a la solicitud de juicio político presentada contra Rousseff las acusaciones hechas por el exjefe del oficialismo en el Senado Delcidio Amaral, que en un acuerdo de cooperación judicial aún no oficializado habría dicho que Lula y Rousseff «sabían» de las irregularidades en la petrolera.
«Eso es muy grave y tendrá que ser tomado en cuenta», apuntó el diputado, quien también aseguró que la oposición puede obstruir en el Congreso todas las votaciones que interesen al Gobierno como otra forma de presión.
Rousseff, por su parte, aprovechó un acto de entrega de viviendas de interés social para arremeter contra la oposición, a la que acusó de «no conformarse» con la «derrota» en las elecciones de 2014.
«Brasil está pasando por un momento de dificultades», pero «una parte de ese momento es debida a la sistemática crisis política que provocan aquellos que perdieron las elecciones y no se conforman»,declaró.
Según la presidenta, la oposición ha planteado «un cierto tipo de lucha que genera un problema sistemático no político, sino también para la economía, el empleo y el crecimiento de las empresas».
Rousseff también reiteró sus críticas a las «filtraciones ilegales» de documentos sigilosos sobre diversas investigaciones obtenidos por la prensa, en una clara alusión a las acusaciones en su contra que le han sido atribuidas al senador Amaral.
Las «acusaciones» filtradas, según Rousseff, muchas veces «no son verdaderas, pero el impacto de lanzar barro a los otros ya ocurrió», permanece y salpica a «personas inocentes».
Esta semana, Rousseff también deberá atender otro flanco de conflictos, generado por una cautelar obtenida por la oposición en contra del nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Wellington Lima.
El pasado viernes, un tribunal aceptó una demanda presentada por el partido DEM contra la designación del ministro, que asumió el pasado jueves, debido a que es funcionario del Ministerio Público y la Constitución impide que miembros de ese organismo desempeñen funciones en el Poder Ejecutivo.
El Gobierno ha apelado esa cautelar y el asunto será dirimido el próximo miércoles por la Corte Suprema, que decidirá si Rousseff se verá en la obligación de nombrar a un nuevo ministro de Justicia en momentos en que arrecian las investigaciones sobre corrupción.
Para más dolores de cabeza, el Gobierno enfrentará el próximo domingo una gran jornada de manifestaciones convocada por grupos opositores en favor del proceso de destitución de Rousseff, a la cual hoy manifestó su respaldo la poderosa Federación de Empresarios del Estado de Sao Paulo (Fiesp).
Al día siguiente, el lunes 14 de marzo, Lula deberá declarar en el marco de las investigaciones en Petrobras, lo cual pudiera añadir más leña al fuego de las protestas del domingo.
Fuente: MinutoUno
