La Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer (OVFyM) cumplió el séptimo año de funcionamiento, con la premisa constante de garantizar el acceso a Justicia de las personas que afrontan este flagelo social.
La problemática se hizo visible en la última década y el Poder Judicial de Santiago del Estero estuvo a la vanguardia para dar respuesta concreta a las damnificadas y los afectados, dándole el trámite correspondiente en los órganos jurisdiccionales y administrativos de acuerdo con cada caso en particular.
Cabe recordar que en 2008, la Justicia santiagueña firmó con la Corte Suprema de Justicia el convenio que dio origen a la OVFyM. En tanto, la Acordada emitida por la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, el 25 de noviembre de 2009, es la que dispuso crear en el ámbito del Poder Judicial, la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, la que comenzó a funcionar el 2 de agosto de 2010.
El objetivo principal de esta dependencia es garantizar el acceso a la Justicia de aquellas personas que vivencian algún tipo de violencia, tanto en la esfera familiar como aquellas vinculadas a cuestiones de género, brindando así al órgano judicial competente la información necesaria para el otorgamiento de las medidas de protección.
Asimismo, impulsa en el Poder Judicial la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos.
Llevar adelante esta tarea fue posible por los recursos humanos que integran esta dependencia y por las herramientas técnicas, que hacen a una encaminada gestión para alcanzar resultados positivos.
Esto se vio plasmado no sólo en el trato humanitario hacia las personas que concurren a la misma, sino también en acciones que exceden lo laboral y en donde se destaca la solidaridad y compromiso personal con la temática.
El plan de trabajo fue viable también a través del Centro Único de Capacitación “Dr. José Gorostiaga” de este Poder Judicial, permitiendo la formación y capacitación de los operadores.
Estas acciones, impulsadas por el STJ, dan respuesta específica a personas de todos los sectores sociales que afrontan agresiones de diversa índole en el plano individual y familiar.
