La tormenta de sospechas de corrupción por la venta de la llamada garrafa social que se desató a principios de noviembre en el Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren generó una grave pelea entre dos de los llamados CEO de Maurico Macri.
El informe de la auditoría del ministerio de Energía señala que «hubo una asignación arbitraria del cupo de garrafas domiciliarias a determinadas empresas que producen Gas Líquido de Petroleo (GLP), que se beneficiaron con este sistema irregular dado que elevaron su nivel de ventas, así como también del ocultamiento de infracciones de normas de seguridad en instalaciones y cañoneo de expedientes de multas de forma discrecional».
Los funcionarios desplazados, que dependen del subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, ingresaron al Ministerio cuando Julio De Vido estaba a cargo de Planificación Federal.
La acusación que consta en el sumario elevado por la Dirección de sumarios del Ministerio de Energía señala que «esa estructura montada fue apañada por Popik, quien como mínimo dejó hacer». Esto se observó en los últimos meses, donde varias fraccionadoras privadas más chicas avanzaron sobre la porción de mercado que solía abastecer YPF Gas.
El problema enfrenta al secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, un ex vicepresidente de Pan American Energy (PAE) con el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, ex Gerente de Planificación de Axion Energy.
Sureda acusó a Popic, a principios de noviembre, de proteger a funcionarios técnicos y administrativos del Ministerio de Energía por supuestos cobros de sobornos provenientes de empresas productoras de GLP que habrían recibido permisos especiales para vender la llamada garrafa social en el mercado.
Por lo que pudo saber Infobae por el momento hay 6 funcionarios que dependen de Popik que han sido suspendidos y con sumarios abiertos hasta que se esclarezcan los hechos.
Antecedentes para entender el caso
En 2014 la entonces secretaria de Energía, Mariana Matranga, nombrada por Axel Kicillof, desplazó al director de GLP, Norberto Giuliano, pero varios de sus funcionarios de confianza siguieron en sus puestos, quienes, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae, armaron un sistema de entrega de garrafas de gas domiciliario dentro del Plan Hogar para beneficiar a varias empresas fraccionadoras de GLP de las que habrían recibido pagos mensuales en concepto de retribución por darles mas cuotas de mercado.
El «Programa Hogar» fue lanzado en abril de 2015 por Axel Kicillof y se mantiene en la actualidad. Los beneficiarios son aquellos hogares que no cuentan con acceso a gas de red y que perciban hasta dos salarios mínimos y hasta tres salarios mínimos para los hogares en los que resida un familiar discapacitado o que se ubiquen en viviendas de uso social y comunitario.
Hay en la Argentina unos 4 millones de hogares que utilizan garrafas por carecer de acceso a la red de gas domiciliario, y ese programa que fue relanzado este año por el Gobierno apunta a garantizar el beneficio a los 2,5 millones de menores recursos los que a través de la Anses pueden gestionar el pago de las garrafas.
En la actualidad las garrafas sociales de 10 kilos son vendidas por las empresas a $130. El Programa Hogar reglamenta el costo máximo de venta de esos tubos a $97. Con este sistema se subsidia a las familias de menores recursos y deja de enviar dinero a las distribuidoras y fraccionadoras.
A diferencia de los equipos que armaron Julio De Vido y Axel Kicillof, en los que sobresalían políticos o economistas sin especialidad en el sector, los funcionarios designados por Juan José Aranguren suman experiencia en las compañías privadas como los casos de José Sureda y Pablo Popik. Ambos enfrentados y peleados por uno de los primeros casos de corrupción del que el Gobierno prefiere no hablar y mantiene en secreto. La primera pelea entre dos CEO nombrados por Mauricio Macri estalló dentro del Gobierno.
