Alberto Fernández tiene en la mira a Comodoro Py 2002, el epicentro de la justicia federal ubicado en el barrio porteño de Retiro, donde se tramitan las causas de mayor impacto político y el lugar que tiene contra las cuerdas a la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, están dando las puntadas finales a un ambicioso proyecto para reformar gran parte del sistema federal de justicia. Aunque lo enviará al Congreso después de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.
El proyecto está siendo trabajado por Losardo con aportes del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. También opina Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia y ex integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
Béliz volvió a la función pública de la mano de Fernández después de haber pegado un portazo en julio de 2004, al dejar el ministerio de Justicia por diferencias con el entonces presidente Néstor Kirchner. En los años 2000, había intentado impulsar la desconcentración de los tribunales de Comodoro Py. Pero no tuvo acompañamiento político.
También colabora el ex juez Daniel Rafecas, designado Procurador General (jefe de los fiscales). En sus más de 15 años en Comodoro Py, Rafecas ha tenido causas por delitos de lesa humanidad, los sobornos en el Senado y la denuncia de Alberto Nisman a Cristina Kirchner.
La iniciativa tiene dos ejes centrales: la aplicación urgente del nuevo Código Procesal Penal y la puesta en marcha del “sistema acusatorio”, donde la instrucción de la causa pasa a manos de los fiscales (aquí no se necesita una ley).
Y en segundo lugar, “desenganchar” a los servicios de inteligencia de los juzgados. En la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre, el propio Fernández lo había anticipado: “Nunca más a una justicia contaminada por servicios, operadores judiciales y procedimientos oscuros”.
Otros ejes de la reforma son la revisión de la figura del “arrepentido” impulsada por el macrismo y del funcionamiento del sistema de “escuchas telefónicas”. Sobre Comodoro Py, el objetivo es transparentar los sorteos y dotar de más recursos para que las causas avancen más rápido.
Pero la mirada del proyecto será más amplia, por lo que también habrá novedades sobre el Fuero Contencioso Administrativo, el Penal Económico, Civil y Comercial Federal, los juzgados de familia y otras áreas.
Con la Corte no
Losardo se reunió recientemente con los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue llevarles tranquilidad: “No vamos a cuestionar a toda la Justicia. Nadie tiene que llevar la mochila de otro”, les dijo la funcionaria.
Allí también la ministra les confirmó a Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que no está en carpeta la ampliación del máximo tribunal, según calificadas fuentes judiciales consultadas por Los Andes.
La ministra es muy crítica de las prisiones preventivas y de la denominada “doctrina Irurzún”. “No puede anticiparse una condena. Hubo excesos en los últimos años. Fue un grave error”, dijo la funcionaria en declaraciones a la prensa.
Puertas afuera, Losardo estableció un ida y vuelta con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para darles participación en la elaboración del proyecto. “Los cambios los vamos a hacer, pero consensuados”, respondió la funcionaria.
Pero la propia Losardo reconoció en una entrevista radial que también consulta sobre el proyecto con la vicepresidenta, quien tiene nueve procesamientos (siete por presuntos hechos de corrupción) y embargos por 14.000 millones de pesos.
Más transparencia
Ante la consulta de este diario, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró “totalmente necesaria” una reforma. “Fundamentalmente para reorganizar y reestructurar la justicia federal de Comodoro Py. Tiene que apuntar para allá, sino no hay reforma”, respondió.
Gil Domínguez no se encuadra entre los especialistas del derecho que adhieren al nuevo gobierno. Y cuestiona con dureza la idea de que Cristina es víctima del “lawfare”, porque según dice no existe tal cosa en la Argentina.
Pero coincide con el diagnóstico del Presidente. “La justicia federal de Comodoro Py junto con los servicios de inteligencia generaron un entramado que se aleja de una Justicia independiente”, afirmó.
Si bien se negó a dar más detalles del proyecto, Losardo afirmó que la iniciativa tendrá una perspectiva para dar más independencia al Poder Judicial y que los expedientes no tarden lo que demoran ahora.
En ese camino, las reformas podrían llegar también al Consejo de la Magistratura. Hay una cuestión crucial allí: entiende el Gobierno que tiene que ver con la selección de magistrados y el control de la disciplina de los jueces.
Según Gil Domínguez, el gobierno que se fue dejó como “positivo” la oralidad de los procedimientos, que acorta el plazo de tramitación de los procesos, pero la gran demanda de la sociedad hoy es “que se transparenten los juzgados”.
Sobre esto último coincide el jurista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Carlés. “Según estudios de universidades importantes como la UCA y San Andrés, el 80% de los argentinos y argentinas desconfía del Poder Judicial”, dijo.
Y señaló que es el poder del Estado el que decide sobre la vida, la libertad, el patrimonio y hasta las familias. “Hemos llegado a una situación muy crítica producto de muchos problemas, como la utilización de la justicia con fines políticos, violación de garantías constitucionales y, además, la relación promiscua entre los servicios de inteligencia y algunos jueces y fiscales”, sostuvo.
¿De 12 a más de 40 jueces?
Puestos los tribunales de Comodoro Py en el centro de la discusión, Gil Domínguez comentó por dónde podría pasar una eventual reforma. “Una posibilidad es que se amplíe la competencia federal de primera instancia a los jueces penales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se pasaría de tener 12 jueces a cuarenta y pico de jueces”, dijo.
A su entender, con este movimiento “se generaría una mayor horizontalidad en la distribución de la competencia”. También propone “agregar un sistema de sorteo de causas que sea digital, automático y transparente y con control público”.
Sobre ese punto, la vicepresidenta de la Nación públicamente se ha quejado porque la mayoría de las denuncias en su contra caen en el juzgado federal del juez Claudio Bonadio.
