Desde el Gobierno se dividieron las llamadas telefónicas. Rogelio Frigerio llamó a los gobernadores e intendentes. Jorge Triaca llamó a los sindicalistas. Francisco Cabrera a los empresarios. Germán Garavano a jueces. Alejandro Finocchiaro a referentes de la educación. Federico Pinedo a los senadores. Emilio Monzó a los diputados.
Muy genéricamente se los invitó a la convocatoria que realizará Mauricio Macri mañana lunes a las 12 en el CCK. No les explicaron de qué se trataría el asunto, tampoco quiénes serían de la partida. Alrededor de 150 de lo más granado del círculo rojo argentino escuchará lo que el Presidente define como las herramientas necesarias para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento en la Argentina, sostenido y sostenible, la presentación de lo que muy probablemente se dé en llamar «los consensos básicos».
El nombre de lo que arrancará mañana fue largamente discutido en el equipo de comunicación de Gobierno. Desde el comienzo hubo coincidencias en que la palabra «pacto» no sonaba muy bien, y que «acuerdo» ya había sido utilizado en otros momentos de la historia. Otra opción era «reformas estructurales», pero les parecía noventista. Al Presidente le gustó «consensos básicos» y todo indicaría que se llamará así, aunque nadie quiso confirmarlo.
En rigor, fue una idea conversada con insistencia entre Pinedo, Miguel Ángel Pichetto y Ernesto Sanz. A saber, el acuerdo en «cuatro o cinco puntos centrales» que funcionen como la base para la salida definitiva de un populismo que atenazó la economía y libere las fuerzas productivas para garantizar la creación de empleo y el fin de la pobreza. Pero Macri quería esperar hasta ganar las elecciones de medio término para pasar a esta etapa, hacerlo desde una posición de fuerza y no desde la debilidad.
Ya adelantamos por Infobae que lo que mañana tomará estado público es una propuesta de reformas impositivas, fiscales, laborales, educativas, electorales, previsionales y en materia electoral. Cada paquete exige un profundización específica. Hoy aquí nos dedicaremos a dar detalles del paquete para la reforma judicial, que implican 120 iniciativas sobre 7 grandes temas de la justicia que deben reformarse:
– Consejo de la Magistratura (buscando despolitizarlo, de modo que los representantes del Senado y Diputados sean profesionales, no políticos)
– Ministerio Público Fiscal (apuntando a establecer un proceso de remoción normal, con mayoría simple)
– Lucha contra la corrupción (incorporando el complaince empresario, es decir, la introducción en las empresas de reglas explícitas que eviten los acuerdos fuera de la ley con funcionarios estatales)
– Códigos de procedimientos penales, civil y comercial (promoviendo que la Justicia sea más eficiente y transparente cada vez)
– Derechos humanos (dando una visión ampliada de la agenda, como ya adelantó el secretario Claudio Avruj en la reunión de la CIDH realizada en Montevideo)
– Acceso a la Justicia (ampliando las facilidades para las poblaciones más vulnerables, encontrando vías de solución más rápidas para los que no pueden esperar años y décadas hasta que se haga justicia)
– Mayor celeridad en los juicios, incorporación de nuevas tecnologías, cambio generacional.
En líneas generales, se avanzaría hacia una sistema judicial que progresivamente se acerque al brasileño, de tipo acusatorio, con fiscales que tengan la posibilidad de encarar la etapa de instrucción también, lo que hasta ahora no sucede. Obviamente, se arrancaría con el área penal. Ya está comprometida, para el mes de marzo, la presencia de Deltan Dallagnol, el poderoso jefe de los fiscales brasileños, de apenas 37 años. El procurador empezó a investigar la Operación Lava Jato a los 33 años, la mayor causa por corrupción de todos los tiempos, y la que quebró todos los récords en recuperación de lo robado.
En el Ministerio de Justicia aseguran que la base de lo que el Presidente presentará mañana es el Programa Justicia 2020, que tiene una plataforma on line en internet, donde más de 50.000 ciudadanos hicieron aportes, sin importar si son profesionales del derecho o no.
También cuentan que Garavano viene preparando este paquete de reformas desde sus tiempos de director del Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES), es decir, hablan de cuatro años de trabajo previo de profesionales de las más diversas ramas del derechos.
Por otro lado, cuentan que -ya en el Ministerio- se designó un grupo de 16 abogados que desarrollaron los proyectos más importantes, desde Ricardo Gil Lavedra, hasta Alberto García Lema, pasando por Guillermo Lipera, Alejandro Fargosi, Alejandro Carrió, Hugo Wortman Jofre, Daniel Sabsay, Pablo Lanusse, Santiago Fontán Balestra, Diego Bunge, Daniel Roggero, A. Brucard, Enrique del Carril, Máximo Fonrouge, Torcuato Sozio y Enrique Bencich.
¿A dónde apunta este amplio paquete de reformas judiciales? «A iniciar un ciclo virtuoso en la Justicia, un tsunami que provoque un verdadero cambio cultural, que derrame la mística perdida en todos los actores del proceso judicial y provoque que las nuevas generaciones recuperen su pasión por la verdad y lo justo», explicó Teodoro Kreckler, coordinador del comité social que impulsó el programa Justicia 2020 y representante de treinta organizaciones de la sociedad civil en este proceso.
Para este abogado que trabaja junto a Garavano desde los tiempos del Diálogo Argentino (2002), cuando se realizaron unos retiros fuera de la Ciudad entre actores fundamentales de la Justicia argentina, coordinados por el canadiense y facilitador de los procesos sudafricanos de reconciliación post-apartheid Adam Kahane, hay que mirar lo que está haciendo la joven generación de jueces y fiscales en Brasil, unos verdaderos cruzados de altísima credibilidad en la opinión pública, para alcanzar un salto de calidad en la Justicia argentina.
Por cierto, no se trata de algo sencillo. En su libro Poder y amor: teoría y práctica para el cambio social, Kahane demuestra que es posible que ambos factores -poder y amor- trabajen juntos en función de un mismo objetivo de crecimiento e igualdad, lo que a primera vista parece imposible. La única condición es que todos estén sentados a la misma mesa y haya unas pocas coincidencias básicas.
Parte de paquete judicial ya fue aprobado durante los últimos dos años (ley de acceso a la justicia, de ética pública, del arrepentido -que ahora tendrá modificaciones), pero a partir de mañana se espera poder avanzar más rápido y en forma integral. Lo mismo sucede con todas las áreas. En temas laborales, ya se adelantaron acuerdos en algunos gremios. Lo mismo que en lo electoral, con un proyecto que tiene media sanción en Diputados. O en materia de responsabilidad fiscal, donde el proyecto del Ejecutivo cuenta con el aval de 23 provincias argentinas. Nada será novedad absoluta.
En mayo de este año, cuando Ramón Tamames expuso junto a Pinedo, Pichetto y Sanz, en el Salón Azul del Senado, la experiencia de los Pactos de la Moncloa (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) contó que en 1977, cuando se reunieron para iniciar la nueva etapa democrática después de 40 años de dictadura franquista, todos se presentaron, menos el representante de la ETA, una organización que años después se apartó de la democracia y tomó la vía violenta.
La primer reunión fue un sábado, donde se explicó que el responsable económico desarrolló su visión del vínculo entre el presupuesto y la seguridad social, la presión fiscal y la generación del PBI, planteó un techo del gasto y explicitó una política monetaria y un programa gradual de reducción de la inflación. El líder sindical Marcelino Camacho, calificado como un héroe de nuestro tiempo por la revista Time después 14 años en la cárcel, moderó las aspiraciones salariales y aceptó la salida del sistema laboral rígido del franquismo, para ir a un sistema de menor rigidez en los sistemas laborales en la contratación laboral.
«¿Qué interés puede tener esto para otros países?», se preguntó Tamames esa tarde en el Salón Azul del Senado. «No es tan frecuente que todo un arco parlamentario se sitúe en un mismo posicionamiento, no es tan frecuente decir que hay patriotismo, un espíritu de fraternidad, que hay un compromiso histórico, que hay un proyecto para modernizar un país, que todavía tiene regulaciones provenientes de dictaduras o gobiernos autoritarios», dijo.
Tamames calificó a los Pactos de la Moncloa como una «operación política poco frecuente», admirable en muchos aspectos, criticable por otros, donde se alcanzó la sinergia de toda la acción política para impulsar a un país en la búsqueda del bienestar y el progreso real de un pueblo, que antepuso los intereses del conjunto por encima de los partidarios.
Hoy España se encuentra viviendo un proceso que pone en tela de juicio (por lo menos en Catalunya) esos acuerdos fundacionales, firmados hace 40 años. Aún así, son indiscutibles los logros alcanzados entre la España de Franco y la actual. Ojalá algo de ese sentido de compromiso histórico y patriótico inunde mañana el CCK.
