La reinserción social de las personas privadas de su libertad a pesar de ser un tema polémico en la sociedad actual se encuentra previsto en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, por lo que merece un debate serio y las correspondientes medidas por parte del Estado. Así lo entiende el miembro del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Dr. Juan Carlos Storniolo quien se refirió a la problemática.
“Las personas que cometieron delitos tienen derecho a reinsertarse en la sociedad. Considerando que ninguna pena es perpetua, el delincuente tiene el deber de cambiar su vida porque hace a su dignidad por lo tanto hay que cuestionarse el modo en que debe hacerlo”, aseguró.
Agregó que “las medidas a tomarse deben contemplar, en primer lugar, que es un imperativo constitucional y convencional, entonces por más que merezca el castigo, debe pensarse el bien que se hace a la sociedad que esta persona se resocialice”.
Explicó que “la pena es una sanción punitiva o una respuesta que se da a la comisión de un delito, pero en la teoría absoluta esta condena es un fin en si misma, un castigo. Dicha presunción está actualmente perimida legalmente pero no en la conciencia social”.
Por otra parte, la teoría relativa enfatiza que la pena es un medio ejemplificador. Es un modo de prevención dirigido a la sociedad en general y en particular, al delincuente. “Se excluye a la persona porque tiene una sanción pero debe tener un fin que es la resocialización”.
Para Storniolo es una problemática que no se ha instalado en la agenda y por lo tanto se registran los altos índices de reincidencias ya que no tuvo un tratamiento serio y específico.
Medidas que deben aplicarse
El magistrado considera que “para el bien de la sociedad en general debería habilitarse un organismo público estatal con jerarquía de ministerio, con el presupuesto y los recursos necesarios, que se ocupe del tema que debe ser considerado hoy una cuestión de estado”.
Agregó que “las medidas a implementarse están contempladas en la Ley Nacional 24660 a la que esta Provincia adhirió, que cuenta con un plan denominado Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que consiste en observar el comportamiento del preso para realizar un diagnostico que servirá de base para su tratamiento de salud o psicológico, que contempla actividades educativas, deportivas, de capacitación, según las necesidades”.
Consideró que “la reflexión social debería centrarse, en que el detenido a lo largo del cumplimiento de su pena, puede perder familia, amigos y no le resulta fácil conseguir un empleo, entonces puede reincidir. La posibilidad de cometer un delito está en la naturaleza humana, desde los albores de la humanidad, por lo que no se puede erradicar pero si contener, mejorar y evitar peores consecuencias”.
