La mitad de las villas y asentamientos del país registra un alto grado de vulnerabilidad y dos de cada diez, atraviesa una situación crítica. Esto significa que en ellos, no ingresan las ambulancias ni la policía, se inundan cada vez que llueve y que el acceso a los servicios básicos es una dificultad diaria. El triste ranking lo encabezan la villa Roca, en Berisso; Lapacho III, en Tartagal y La lagunita, en Rosario.
Estos son sólo algunos de los datos que arrojó un nuevo análisis de la ONG TECHO, que realizó un relevamiento de asentamientos el año pasado, y aseguró que en el período 2013-2016 no hubo mejoras en los más de 2000 barrios precarios que relevó en todo el país.
Para realizar este análisis se creó un Índice de Vulnerabilidad Territorial (IVT) en el que se estableció en una escala de 1 al 4 -media; media alta; alta y crítica- el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los habitantes.
«En 3 años no hay cambios significativos en ninguna de las 11 variables del índice de vulnerabilidad, lo que habla de la falta de políticas públicas en escala adecuada para esta problemática. A su vez estamos convencidos que la problemática es abarcable y que los habitantes saben las prioridades y cómo resolverlas. Para eso se necesitan proyectos legislativos que demanden el uso de herramientas como este índice, que obliguen a priorizar los siempre escasos recursos públicos», advirtió Virgilio Gregorini, director ejecutivo del capítulo argentino de la ONG.
La villa Roca o Los Provincianos, como también se conoce está a pocos kilómetros de la capital bonaerense. Las 400 familias que la habitan sufren especialmente las inundaciones.
Este asentamiento nació en 2009 y usa leña o carbón para calefaccionarse. No tiene alumbrado público ni conexión a la red cloacal ni de agua.
En TECHO indicaron que para la generación del IVT fueron los vecinos de cada barrio los que ponderaron las distintas variables (acceso a los servicios básicos, la cercanía geográfica a factores de riesgo como basurales o torres de alta tensión, el impacto de las inundaciones o el ingreso de los servicios de emergencias como bomberos o ambulancias), otorgándoles la prioridad que consideraban.
Otros factores que se tuvieron en cuenta a la hora de determinar el IVT fueron la titularidad de los terrenos; la cercanía a los centros de salud y a los establecimientos educativos; disponibilidad de alumbrado en las calles; disposición de servicios de recolección de residuos; acceso a calles asfaltadas y la cercanía a medios de transportes públicos.
«El desarrollo de este informe y la creación del IVT es un hecho histórico, muy importante ya que pone en cifras lo que venimos denunciando hace años: la situación en la que viven en los barrios populares», sostuvo durante la presentación Agustín Burgos, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) presente durante la presentación a la prensa del informe (http://relevamiento.techo.org.ar/).
Si se evalúa por jurisdicción, la provincia argentina más vulnerable es Corrientes, le sigue Santa Fe, Neuquén, Misiones y Salta. Una de las jurisdicciones mejor posicionadas es la Ciudad de Buenos Aires por la propia dinámica de la urbe que hace que la gente esté más cerca del transporte público o de los sistemas de salud, por ejemplo.
En la Argentina una de cada diez personas que reside en los grandes conglomerados urbanos vive sin conexión a la red formal de cloacas, ni de agua ni de electricidad. Al menos 2.993.151 habitantes viven en asentamientos informales, en el territorio donde reside el 67% de la población del país. Estos son los datos centrales que aportó el último relevamiento de TECHO realizado el año pasado y que ahora son analizados según el grado de vulnerabilidad.
El informe 2016 amplía el territorio relevado en 2013, incorporando San Miguel de Tucumán, Gran Resistencia y Gran Corrientes. No obstante, en el mismo territorio hace tres años, donde se encontraron 2138 asentamientos y vivían, aproximadamente, 533.110 familias, en el estudio actual se han relevado 2062, con 594.970 familias. La organización verificó que se conformaron 84 nuevos barrios informales mientras que 158 dejaron de tener ese estatus, y el aumento poblacional obedece a los nuevos terrenos y al crecimiento interno en los núcleos habitacionales que ya existían.
Más de la mitad de las personas que habitan asentamientos informales o villas viven en la provincia de Buenos Aires. Allí se contabilizaron 397.705 familias; le sigue la Capital, con 82.585; Rosario, con 49.475, y Misiones, con 21.700.
«El objetivo es evidenciar diferencias para priorizar y direccionar las políticas públicas y las acciones de otros actores externos. Esto es una herramienta más y una oportunidad para que se empiecen a pensar políticas de largo plazo. Es necesario que empecemos a hablar sobre el mercado del suelo», agregó Gregorini quien recordó que perdieron estado parlamentario en el Congreso cuatro proyectos que impulsaban el ordenamiento territorial. «Buscamos que se debata, que se discuta en el Congreso, pero lamentablemente el tema no está en la agenda política», dijo.
