Asegurar a las personas el acceso efectivo a la Justicia es una garantía que se encuentra contemplada en la Constitución Nacional, Provincial y en los Tratados Internacionales, y una de las formas de hacerla efectiva es a través de la intervención de los Defensores Oficiales.
En palabras de la doctora Mercedes Coria, Defensora en lo Civil y de Familia de Tercera Nominación, esto “implica dar las herramientas para que el ciudadano pueda acceder a este beneficio, sin que la parte económica, social o cultural sea un impedimento”.
En ese aspecto, la función específica de un Defensor Oficial es la de asesorar, patrocinar y representar en acciones patrimoniales o extramatrimoniales a los beneficiarios del Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante un servicio destinado a personas que no poseen los recursos económicos necesarios para contratar a un profesional particular.
En ese sentido, la Funcionaria reseñó que “las personas que requieran de nuestros servicios serán asistidas por personal calificado de Mesa de Entrada, a quienes expondrán su problemática. El caso será analizado y posteriormente sometido a un sistema de audiencias para tratar de llegar a una solución con acuerdo entre las partes”.
El acceso a este beneficio exige cumplimentar con ciertos requisitos, como presentarse con la documentación básica para el inicio de las actuaciones y una declaración jurada de pobreza o de imposibilidad de solventar sus gastos.
Por último, indicó que la Defensoría Oficial tiene competencia en cuestiones civiles y de Familia. Los casos más comunes que atienden son audiencias por alimentos, custodia de menores, regímenes de comunicación, filiación extramatrimonial, declaraciones de incapacidad, pedidos de internación por adicción y patrocinio en casos de violencia familiar, entre otros.
