En el Gobierno repiten que antes de privatizar o concesionar cualquiera de las empresas públicas primero se las debe sanear. Los números de buena parte de las compañías estatales que la Casa Rosada quiere dejar sujetas a esa condición están por estos días en rojo y desde la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado advierten que es necesario reducir los gastos operativos de estas firmas.
Un ejemplo de esto es lo que ocurre con AYSA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. En 2023 recibió del Estado $285 mil millones para cubrir sus gastos y su resultado financiero sin esas transferencias hubiese sido de unos -$699.255 millones según cifras oficiales a los que accedió este medio.
De las 11 empresas que el Gobierno quiere dejar sujetas a privatización total o parcial y/o concesionar, 10 son deficitarias. Sin la asistencia del Estado nacional no podrían sostener la estructura para funcionar. La gestión de Milei busca reducir estos aportes del Tesoro en el marco del plan para lograr déficit cero y, a su vez, convertir a estas compañías en una oferta más atractiva para eventuales inversores. “Quién va a querer poner plata en una empresa en rojo”, repiten en la Casa Rosada.
La Cámara de Diputados aprobó el martes 30 de abril el capítulo de privatizaciones que impulsó el Gobierno de Javier Milei en el marco de la Ley Bases y de esta manera un grupo de compañías estatales quedaron más cerca de su eventual paso al sector privado, tanto de manera total o parcial. Ahora falta la sanción definitiva en el Senado, aunque en el Gobierno advierten que las firmas no se pondrán a la venta de manera inmediata. “Primero hay que sanearlas”, aclaran.
El listado de empresas deficitarias es encabezado por Aerolíneas Argentinas (AA), que cerró el 2023 con números en rojo por unos $385 mil millones. Si bien es cierto que la línea de bandera no recibió aportes del Estado en 2023 -en el Gobierno explican que fue gracias a que la firma trajo divisas del exterior e hizo una diferencia de cambio con el dólar contado con liqui- este año ya debió recibir unos $40.000 para poder funcionar. Es la primera vez que el Ejecutivo le envía fondos en la gestión de Javier Milei.
Desde el cambio de gestión, Aerolíneas Argentinas comenzó a acotar sus rutas comerciales (se dio de baja la ruta Nueva York y La Habana), se ofrecieron retiros voluntarios y otras reducciones presupuestarias para intentar bajar los gastos de la compañía.
Otro de los casos es el del Correo Argentino, que a lo largo de 2023 recibió del Estado $84.466 millones. En los números, la firma arrojó un resultado positivo de $13.144 pero esta gestión entiende que sin los aportes del Estado hubiese dado un déficit de unos -$71.322 millones (déficit). “No se puede contabilizar como ingresos genuinos a los aportes del Estado, es erróneo”, consideraron desde el Gobierno.
Lo mismo ocurre con el resto de las compañías sujetas a privatización, como el caso de Radio y Televisión Argentina S.E, que sin los $34.347 millones que recibió del Estado durante el último año de la gestión de Alberto Fernández hubiese arrojado unos -$32.883 millones de déficit. Situaciones similares ocurren en
La única empresa sujeta a privatización que arrojó superavit es Nucleoeléctrica Argentina S.A, con un total de saldo a favor por $320 mil millones. En 2023 solo recibió del Estado unos $3.000. Pero en el Gobierno hacen una aclaración: dicen que esta compañía estatal obtiene estos números gracias a venderle al Estado (a Cammesa) y le compra el combustible a otra firma estatal como Dioxitec. “Es complejo entender si gana o pierde dnero porque todo el circuito es estatal, pero entendemos que se puede operar de forma más eficiente”, señalaron.
El listado de compañías en rojo se completa de la siguiente manera: Energía Argentina S.A (-$ 1.012.483 millones); Intercargo SAU (-$112 millones de pesos); Belgrano Cargas y Logística S.A. (-$65.344 millones de pesos); Sociedad Operadora Ferroviaria (-$389.490 millones); Corredores Viales (-$61.479 millones); Yacimiento Carbonífero Río Turbio (-$ 50.976 millones).
En 2024 estas compañías ya comenzar a recibir fuertes inyecciones de dinero. En al menos nueve de estas ya colocó más de $620.000 millones. Es parte del déficit que la Casa Rosada busca recortar. Para que estas compañías puedan ser privatizadas de manera total o parcial aún resta la aprobación del Senado de la Nación. Recién ahí, Gonzalo Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, podría comenzar a analizar cuál es el panorama para una eventual pase a manos privadas.
El proyecto de Ley Bases contemplaba que cuatro firmas estatales puedan pasar en su totalidad al sector privado, mientras que otras cinco podían ser concesionadas y otras dos quedaban en una especie de sistema mixto: pueden ser privatizadas, pero el Estado debe conservar su participación accionaria mayoritaria.
Fuente: tn
