El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay, sostuvo que “cuando la gente advierte que las instituciones no se adaptan a las necesidades sociales, esa incomprensión indefectiblemente se convierte en descreimiento”.
En declaraciones radiales, la máxima autoridad del Poder Justicia continuó su apreciación diciendo: “No tiene sentido la institución si no da soluciones para la pacificación social y la resolución de conflictos en un tiempo razonable”.
Al realizar una evaluación del mensaje de apertura del año judicial que efectuó el titular de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, consideró que fue positiva para saber en qué situación se encuentra el Poder Judicial de Santiago del Estero con respecto a la Nacional.
En ese sentido, remarcó que “las provincias venimos trabajando en todos estos procesos de adaptación del servicio de Justicia a las nuevas realidades, porque la evolución de la conflictividad social marca una dinámica mucho más veloz que los cambios que imponen las instituciones”.
Para subsanar esa disociación, el Dr. Argibay opinó que “debe haber una discusión de temas que trasuntan el Poder Judicial, que necesita que se aggiornen leyes en el Congreso y que necesita de mayor presupuesto. Dejemos de discutir y hagamos políticas públicas transversales y ocupemos de brindar un mejor servicio”, aseveró.
En otro orden, recordó que “Santiago del Estero está trabajando en el anteproyecto de reforma de su Código Procesal Civil, para que se den solucionen en tiempo razonable”, experiencia que está implementada en el Fuero Penal y que permitió mejorar sustancialmente los tiempos de resolución de una causa.
En otro orden, el magistrado respondió que “la exigencia de seguridad se ha puesto como una antítesis del garantismo, cuando creo que no es así. Hay posibilidades de concertar, dentro del proceso judicial formas de proteger a la sociedad, con juicios ágiles y que den respuesta rápida, que se fijen penas como corresponden, en procesos en que se respeten derechos y garantías constitucionales de personas que transgreden las normas”.
