El diálogo que se describe a continuación es real y se dio entre los máximos directivos de una importante empresa.
Directivo 1: -¿Cómo vamos a hacer para pagar el aguinaldo?
Directivo 2: -No te desveles. No estamos en la coyuntura: estamos en la coyuntura de la coyuntura.
Si las consecuencias económicas de la pandemia obligan a la compañías a no proyectar nada más allá de uno o dos meses, la conclusión es obvia: las paritarias 2020 se parecen hoy más a un ejercicio de ciencia ficción que a un horizonte que se insinúe con nitidez.
Para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, «es muy probable que abril quede en la historia como el peor mes de la industria”. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el consumo minorista cayó un 57,6% en abril, con fuertes descensos en todos los rubros, incluidos alimentos y bebidas. Y se estima que la inflación de abril podría ser menor al 2%, pero distintos consultores privados calculan que el costo de vida anual oscilará entre el 50 y el 55%.
¿Cómo negociar un aumento de salarios en este contexto tan crítico en el que están en juego no sólo el pago mismo de los sueldos sino los empleos porque peligra la continuidad de algunas empresas? El panorama no es muy distinto en aquellas actividades paralizadas que en las que están en pleno funcionamiento.
“Me imagino que las discusiones empezarán recién cuando se levante la cuarentena. Tendríamos que empezar a conversar ahora, pero no se puede en medio de la pandemia. Sería un error discutir hoy porque no se sabe lo que puede pasar. Las paritarias son una pregunta sin respuesta”, afirmó a Infobae el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que representa a los empleados de una actividad rentable de la Argentina y que volvieron a trabajar desde hace casi un mes.
Los sueldos de los bancarios son muy buenos para el promedio salarial de la Argentina y el sindicato incluso pactó en enero un anticipo a cuenta de las paritarias: “No quedamos desfasados respecto de la inflación -destacó-. Obtuvimos un adelanto que es equivalente a 5 o 9 puntos, según la categoría, con una suma fija escalonada, con lo cual no da para discutir hoy. Ni sabemos de cuánto va a ser la inflación”.
Aun así, el sector financiero está trabajando a pleno, pero la incertidumbre crece cuando se trata de actividades que siguen paralizadas. Juan Luis Bour, economista de FIEL, consideró que “hay una heterogeneidad muy marcada porque algunos sectores están en crisis, como los metalúrgicos o los mecánicos, que pactan suspensiones y baja de salarios en una suerte de acuerdo colectivo, y existen otros sectores en donde se está trabajando y se pagan los aumentos programados». “Esa heterogeneidad se va a profundizar en el segundo trimestre porque ¿cómo se va a negociar en un contexto de actividad tan baja?”, agregó.
“Vemos que la actividad está muy mal en mayo y seguramente seguirá así a principios de junio -dijo Bour-. Imagínese un dirigente que está negociando después de un trimestre en donde la producción fue del 20% de lo habitual. ¿Qué es lo que puede otorgar la empresa? ¿Y qué posición dura puede tener un sindicato si son muy pocos los que están trabajando al 90% de lo que lo estaban haciendo el año pasado? Alimentación, bancarios… Pero el resto es complicado”.
Esa heterogeneidad de la que habla Bour está provocando que algunas mejoras salariales, en la práctica, bajen del nivel de rama de actividad al de las empresas.
La Federación de Empleados de Comercio (FACEYS) logró un bono de $5.000 para el personal de los de supermercados, que representan el 10% del total de los trabajadores y nunca dejaron de trabajar pese a la cuarentena, mientras que para quienes representan a casi el 90% del total de los empleados del sector, que son los que se desempeñan en comercios pequeños y medianos, se tuvieron que pactar suspensiones con un descuento salarial del 25% porque están sin tareas.
En la visión del abogado y experto en temas laborales Carlos Aldao Zapiola, “se va a producir una suerte de atomización de la negociación colectiva, dependiendo de cada caso concreto”, en donde, por ejemplo, pueden empezar a tener más protagonismo los delegados en las empresas. Es que, según este especialista, en el actual contexto de crisis “la única forma de acordar será mediante una negociación directa de las partes, no a nivel macro sino micro”.
Esta tendencia se vio reflejada, por ejemplo, en el acuerdo para suspender trabajadores sin tareas que firmó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): el convenio estipulaba que al personal encuadrado en esas características se le iba a pagar el equivalente al 70% del salario bruto, pero en el mismo texto se permitió a las empresas que no adhirieran “negociar con la seccional un acuerdo específico sujeto a los términos y condiciones que en cada caso se convengan”. De esta forma, las pymes en crisis podrán diseñar acuerdos “a medida” con los dirigentes de una filial metalúrgica, que son los que mejor conocen la realidad económica de sus distritos y están en mejores condiciones de pactar en otros términos con pequeñas y medianas empresas que no puedan cumplir con el acuerdo marco.
Las paritarias, de todas formas, son negociadas por el sindicato con personería y, una vez que son homologadas por el Ministerio de Trabajo, sus alcances rigen para todos los trabajadores de la actividad. Aquí no hay espacio para lo “micro”, por lo que consultores laborales creen que la mayoría de las negociaciones salariales se postergarán, con suerte, para el tercer trimestre del año y quienes puedan a lo sumo podrán pactar sumas fijas como anticipos de los acuerdos anuales.
Eso equivale a una continuidad de la política salarial con la que arrancó el gobierno de Alberto Fernández: en su objetivo de desindexar la economía, alentó a principios de año a pactar el otorgamiento de sumas fijas, sin porcentajes, como una forma de postergar las paritarias hasta junio. El sindicato más importante que no respetó la pauta oficial fue el de Camioneros: en febrero, Hugo Moyano cerró la paritaria 2019 con un aumento del 26,5% en dos tramos, que absorbió las sumas fijas de $4.000 que dio el Gobierno y que representó una mejora anual del 49,5% en un año que terminó con una inflación del 53,8%.
La paritaria camionera vence el 30 de junio y se insinúa una negociación durísima: como anticipó Infobae, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la principal cámara del sector, difundió estadísticas propias según las cuales los costos de la actividad se incrementaron un 7,6% en lo que va del año, en un ranking que encabezan los gastos en personal y en neumáticos, con una actividad paralizada en un 70%. No es el mejor preámbulo para las tratativas salariales 2020. Moyano ya advirtió que no aceptará suspensiones ni rebajas salariales porque los camioneros “están en pleno funcionamiento”.
Los mecánicos atraviesan otro tipo de dilemas. La actividad está paralizada en un 90% y se firmaron acuerdos para suspender personal con rebajas salariales del 30 al 40%, pero en el sector automotriz dieron marcha atrás con el sistema tradicional de aumentos salariales por trimestre. Ricardo Pignanelli, titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), anunció a fines de marzo que había acordado con los empresarios una mejora del 7,5% para el primer trimestre del año. La dura realidad del sector, donde no se trabaja desde hace dos meses, obligó a renegociar lo pactado: postergarían el pago del aumento hasta julio.
La contracara del SMATA es la Federación de Aceiteros, que lidera Daniel Yofra: en plena pandemia, cerró su paritaria anual con un aumento del 25% que regirá hasta diciembre, con una cláusula de revisión de lo pactado en agosto. En diciembre habían cobrado un bono de fin de año de casi 52.000 pesos. Y la paritaria de 2019 terminó con un aumento del 54%, apenas por encima de la inflación anual. Toda una curiosidad en medio de un panorama salarial tan restrictivo, pero un caso único: el sector aceitero tiene altas ganancias (las empresas del sector representan el 46% de las exportaciones totales de la Argentina) y la federación, enrolada en el sindicalismo combativo, viene cerrando paritarias récord desde hace muchos años, con reclamos que parten del valor del salario mínimo, vital y móvil y se basan en estudios económicos realizados por técnicos de la Universidad de Rosario sobre la evolución de la actividad oleaginosa, algodonera, olivícola y biodiesel.
“Las paritarias están fuera del alcance de aquellos sindicatos que no tienen fuerza -interpretó Yofra-. Si antes les costaba, ahora con la pandemia mucho más. Sobre todo con una CGT que ha firmado una rebaja salarial para que las empresas puedan suspender. Nosotros hace once años que tenemos la misma política en la federación: para negociar hacemos un estudio con valores que da el Indec y en donde se determina cuánto tiene que ganar un trabajador para vivir dignamente. Cuando empezó la cuarentena tomamos la decisión de seguir trabajando. Achicamos los posibles riesgos porque pusimos en marcha los comités mixtos de salud e higiene. Por eso les dijimos (a los empresarios): queremos negociar salarios y, si no, cuando termine la pandemia se lo vamos a cobrar todo junto. Como nos conocen, y saben que no les estamos pidiendo participación en sus riquezas sino lo que nos corresponde, terminaron arreglando”.
No es la misma realidad que la de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que atraviesa la paralización de casi todas las obras del sector privado y consiguió que en forma gradual se vaya reactivando la obra pública en distintas zonas del país (menos en el Area Metropolitana de Buenos Aires), en un sector en el que corren riesgos 100.000 fuentes de trabajo luego de casi dos años de caída de la actividad. Gerardo Martínez, el titular del sindicato, está con la cabeza puesta en reactivar la construcción antes que en las paritarias: “De acuerdo con el parate de casi el 80% de las actividades, el primer paso es ver cómo se puede recomponer la producción y luego determinar el impacto que tendrá la inflación en los salarios, entre otros factores. No es que una cosa sea más importante que la otra, pero si no ponemos en marcha toda la actividad vamos a tener un trazado virtual de la realidad y tendríamos una discusión sin sentido”, sostuvo ante Infobae.
En la “coyuntura de la coyuntura” que viven las empresas y los sindicatos, el Gobierno ya le pagó la mitad del sueldo de abril a unos 1.200.000 trabajadores de empresas en crisis, a través de un programa especial de asistencia que se repetiría con los salarios de mayo, y algunas mediciones de consultoras privadas estiman que las suspensiones de personal sin tareas a cambio de una rebaja salarial ya superaron la cifra de 1.500.000. Aun así, también surgieron problemas inesperados: los sindicatos petroleros se declararon en alerta luego de que las contratistas nucleadas en la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) no abonaron los salarios de los trabajadores suspendidos por estar sin tareas, a los que se había acordado pagarles con un descuento del 40%.
Hay trabajadores que podrían escaparse de las limitaciones generales en materia de aumento salarial: los estatales. La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, ya les confirmó a los sindicatos UPCN y ATE que este año habrá paritarias para el sector público e incluso habló de un “bono extraordinario” para los sueldos más bajos. El nuevo convenio debería regir a partir del 1° de junio, aunque hay diferencias entre los dirigentes gremiales sobre la forma de compensar los sueldos: para Andrés Rodríguez, líder de UPCN, el Estado debería otorgar un aumento porcentual porque las sumas fijas achatan las categorías, mientras que Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE, insiste en que el bono de todas formas amortiguaría la pérdida salarial frente a la inflación de 2019.
Quizá sean las únicas paritarias confirmadas hasta ahora, pese a la pandemia, y confirman lo que dice con insistencia Gerardo Martínez, de la UOCRA, entre la queja y la resignación: “Todos los trabajadores no estamos en igualdad de condiciones. Fíjese el caso de lo que firmó la UOM, que para mantener en la emergencia los puestos de trabajo aceptó la rebaja del 70% de los salarios. Eso es algo que en la administración pública y en las empresas estatales no ocurre”.
La mirada de Bour, poco optimista, es que 2020 será “un año de caída importante en los ingresos reales y eso, en realidad, va a ser una forma de sostener el empleo”. El economista de FIEL señaló: “Venimos de casi 10 años de una actividad que va cayendo, con un Producto Bruto que no crece, y, sin embargo, el desempleo que tuvimos hasta hoy fue del 10% como máximo, y eso no es casualidad: es consecuencia de que hemos tenido también bastante ‘flexibilidad salarial’ porque hubo caídas importantes del salario real en los últimos años. Si esa caída del salario real permitió sostener el empleo, ya no será así después de la pandemia”.
