La preocupación del Ministerio de Economía por el impacto de las remarcaciones que se dieron después de la flexibilización del cepo, con una suba del dólar respecto al cierre del viernes, no se limitó solo a los productos de consumo masivo, en medio de la nueva tensión entre alimenticias y supermercados. El Gobierno habría conseguido que muchas de las empresas de medicina prepaga apliquen el mes que viene en sus cuotas aumentos menores a los que habían anunciado a sus afiliados una semana atrás, luego de que se conociera la inflación de marzo.
El Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones recibió el miércoles a las empresas de medicina prepaga, pidió que reconsideraran la magnitud de las subas y transmitió el mensaje oficial de que la estabilidad macroeconómica había llegado para quedarse. La idea es que el precio del dólar, referencia de muchos insumos, se mantendrá bajo control. La instrucción de llevar a cabo ese encuentro había sido del ninistro de Economía que conduce Luis Caputo.
La mayoría de las prepagas aceptó el pedido del Gobierno, en vistas de que el dólar finalizó la semana en baja y que el impacto en los costos no fue significativo. Otras lo están analizando por estas horas o todavía no habían enviado cartas a sus afliliados. Lo cierto es que ninguna había anunciado subas del 9%, como sí fue el caso de las listas que enviaron alimenticias y que fueron rechazadas por supermercados, algo que generó la reacción de Caputo en redes. Los planes de salud subirían entre 2,5% y 2,6%, dependiendo del caso.
Impacto en el bolsillo
De acuerdo con el Indec, el gasto en medicina prepaga acumuló hasta marzo una suba interanual del 71,4% en febrero en el Gran Buenos Aires, muy por encima del 57% del IPC general para esa región. En el primer trimestre las subas fueron de 7,8% y 8,3%, respectivamente.
El mes pasado, algunas empresas habían decidido “congelar” sus cuotas tras la eliminación de la triangulación obligatoria de aportes, medida que representaba ingresos por unos $30.000 millones mensuales para las obras sociales, según estimaciones oficiales. Esta política, impulsada por el Ministerio de Salud, fue presentada como un intento por transparentar los costos y reducir la intermediación.
“Este sistema funcionó insólitamente de manera legal los últimos 30 años en el país. A partir de ahora, el afiliado deja de pagar el costo de la intermediación. Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos por mes. Unos 360 millones de dólares al año”, había dicho el ministro de Salud, Mario Lugones.
En este nuevo escenario, los afiliados pueden cambiar de prestadora con mayor facilidad. Actualmente, más de 400 empresas de medicina prepaga están registradas en el país, lo que permite a los usuarios comparar coberturas, servicios y precios de manera más dinámica.
Fuente Infobae
