Mauro Luis Pelozatto Reilly (*)
La explotación ganadera supo desarrollarse de distintas formas a lo largo y a lo ancho de la Hispanoamérica colonial. Dentro de los territorios correspondientes al Virreinato del Perú, las diferencias regionales y locales fueron muy marcadas.
Desde comienzos del siglo XVII, por lo menos, en las gobernaciones del Río de la Plata y el Tucumán (a la cual pertenecía Santiago del Estero), se consolidaron como práctica productiva más importante en este sentido las vaquerías, aquellas que consistían, básicamente, en expediciones de cacería practicadas sobre el ganado vacuno salvaje o cimarrón. Éstas solían ser organizadas y llevadas a la práctica por el cabildo y los vecinos hacendados de cada jurisdicción, generalmente junto a sus peones o asistentes. Sin embargo, como es sabido, actores de todos los grupos sociales practicaban estas faenas, cuyo objetivo principal era la extracción del cuero del animal y de algunos otros bienes de consumo, como la grasa, el sebo y la carne.
En relación a la ganadería, las funciones del ayuntamiento eran muchas y muy importantes. Aunque no todos los cabildos tuvieron el mismo poder ni exactamente las mismas funciones, correspondía al cuerpo municipal nombrar a los vecinos accioneros sobre los vacunos cimarrones de la república, así como también conceder (o negar) las licencias para vaquear, o hacer piezas de sebo, grasa o cueros, encargarse del nombramiento del obligado para el bastimento de carne local, negociar los precios de las reses y de los cueros de bovino con los abastecedores, fijar los valores monetarios de la mayoría de los productos de consumo local (aranceles), ordenar las visitas de tiendas y pulperías, garantizar el respeto de las pesas y medidas en los negocios, así como también de las marcas y señales registradas por los productores rurales, entre otras cosas de relevancia.
El objetivo principal de este artículo de investigación consiste en hacer un repaso de algunas de estas intervenciones capitulares, tomando ejemplos de los municipios de Santa Fe y de Santiago del Estero, organismos que estuvieron muy vinculados entre sí en materia de organización de vaquerías, aunque también se confrontaron por cuestiones jurisdiccionales y por derechos de propiedad y usufructo sobre las haciendas de determinadas regiones, como los Valles Calchaquíes, en un siglo XVII caracterizado como el período de auge de este tipo de explotación pecuaria.
La primera medida fue tomada por el concejo santafesino el 8 de octubre de 1618, cuando se decidió nombrar a un procurador (representante) frente al Cabildo de la Ciudad de Santiago del Estero, ya que al menos tres vecinos de aquella jurisdicción se encontraban recogiendo ganado en la de Santa Fe sin permiso oficial alguno. Días más tarde, la sala capitular santafesina se encargó de darle instrucciones puntuales al Capitán Manuel Martín (procurador), para que reclamara ante las autoridades locales santiagueñas: entre ellas, se destacaron pedir una observación de los límites fronterizos entre ambas ciudades, y solicitar que ningún vecino de Santiago del Estero entrara en territorios rioplatenses para usufructuar al vacuno cimarrón.
Pese a las iniciativas de ambas municipalidades, parece ser que éstas fueron insuficientes para terminar con el problema. El 1º de de agosto de 1619, el procurador Pedro Ramírez pidió al Cabildo de Santa Fe que se tomaran medidas en relación a Juan Cano de la Cerda, un santiagueño que se encontraba haciendo vaquerías sin licencia. Ante situaciones como ésta, los cabildantes de Santa Fe respondieron con el envío del procurador Juan de Arce en octubre del mismo año.
Cabildo de Santiago del Estero
Fuente: http://www.chetoba.com.ar/santiago-del-estero-turismo.php
Según las fuentes disponibles consultadas, durante casi 30 años no hubo más políticas implementadas en función de esta problemática. Recién a comienzos de mayo de 1648, se volvió a informar de ‘‘cuatro contingentes’’ de Santiago de Estero que se hallaban ‘‘vaqueando’’ en el Valle Calchaquí, ante lo cual se decidió enviar una cuadrilla de 40 hombres armados para que reprendieran a los ‘‘intrusos’’. De esta manera, vemos cómo Santa Fe reconocía como propias a las tierras calchaquíes, respondiendo en este caso con el enfrentamiento directo y no con la negociación. El 24 de abril de 1649, el cuerpo municipal santafesino fue mucho más específico, decidiendo la prohibición para los vecinos y forasteros para hacer vaquerías, recogidas o faenas de sebo y grasa sin licencia concedida por decisión municipal, estableciéndose además castigos para los que incumplieran con esta disposición: pérdida de todo lo obtenido, destierro o hasta un año de prisión en la cárcel de Buenos Aires, según el caso.
Tres años después, el alcalde D. Vega y Frías denunció la participación de Roque González, vecino de Santa Fe, en las vaquerías que estaban haciendo sin permiso unos santiagueños en el mencionado Valle. Los capitulares resolvieron ‘‘dar la ciudad por cárcel’’ y encargarle al alcalde de la Hermandad correspondiente las averiguaciones pertinentes.
Otra problemática que fue abordada de manera conjunta por ambos cabildos estaba relacionada a una cuestión central en la América española colonial: las tensiones con los ‘‘indios infieles’’ en las zonas de frontera. Por ejemplo, el 15 de noviembre de 1655, debido a la falta de hombres y cabalgaduras para hacer la entrada contra los ‘‘indios calchaquíes’’, se decidió conceder licencias para vaquear en Santa Fe a los vecinos de Santiago del Estero que aportaran caballos para la causa. Algo similar se dio en noviembre del año siguiente, cuando se otorgaron 600 vacas y una licencia para recoger hasta 8.000 cabezas al ayuntamiento santiagueño. Estas recolecciones también podían efectuarse sobre los animales alzados, con el objetivo de repoblar estancias o de conseguir bovinos para conducirlos al matadero (abasto de carne interno), o bien para hacer envíos de bestias en pie hacia otras regiones.
Estas concesiones explicadas no estuvieron exentas de problemas. Por ejemplo, el 28 de febrero de 1658, se nombró como apoderado a un vecino de Santiago del Estero (General Felipe de Argañaraz), para que celara contra el uso indebido de las licencias vaqueras.
Las vaquerías fueron practicadas en distintas regiones del Virreinato del Perú, incluyendo los dominios de los cabildos de Santa Fe y Santiago del Estero.
Fuente: http://petionhistoria1.blogspot.com.ar/2015/08/la-economia-colonial.html
A medida que avanzaba la centuria analizada, los permisos eran cada vez más importantes. Ya en 1677, el municipio rioplatense dio un poder al Capitán Juan Fernández de Miranda (alcalde provincial de Santiago del Estero), para que éste consiguiera permisos del cabildo santiagueño para que dos vecinos de Santa Fe pudieran efectuar vaquerías por 14.000 o 15.000 animales en los Valles Calchaquíes. La cita anterior permite ver, además de la continuidad de los procedimientos, otras dos cosas: a) la abundancia de haciendas cimarronas en la región; b) ambos ayuntamientos tenían jurisdicción sobre distintas partes de los mencionados valles. Sería interesante seguir profundizando sobre éstos y otros temas, como la relación entre los cabildantes y las prácticas productivas rurales, los distintos mercados que se presentaban para las diversas especies de ganado, entre otros.
Bibliografía y fuentes
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Mauro Luis Pelozatto Reilly (*)
Profesor en Historia egresado de la Universidad de Morón (UM), y Especialista en Ciencias Sociales con mención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján (UNLu), y se desempeña como docente universitario.
Ha realizado investigaciones sobre distintos temas de Historia Colonial de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, y distintos puntos de la América Española.
Ha publicado trabajos en revistas académicas, de la Argentina y el exterior (Chile, Costa Rica, España, Guatemala, México y Uruguay), y en distintos diarios de la Provincia de Buenos Aires, de la Argentina (Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe), Colombia y Paraguay. También escribe regularmente para la Revista Raíces (Uruguay), de publicación mensual, y ha disertado ponencias en varios institutos de formación docente y universidades del país.
