Lázaro Báez se quiere vacunar: sus últimos meses y la cuenta regresiva para la sentencia de la “ruta del dinero K”

El listado de inscriptos para recibir la vacuna sigue sumando adeptos a un ritmo vertiginoso. Ya son más de 1.600.000 de personas, según dijo el gobernador Axel Kicillof; muy lejos de las 250 mil dosis que recibió hasta ahora la provincia de Buenos Aires (falta sumar el tercer cargamento). Con 64 años y un historial médico a cuestas, Lázaro Báez decidió anotarse y espera su turno, según pudo saber Infobae de fuentes de su entorno. Para eso falta. En dos semanas, el empresario escuchará la sentencia por el juicio de la “ruta del dinero K”, donde podría recibir una dura condena.

Báez es uno de los presos K que batalló durante todo el año pasado, en diferentes instancias de la Justicia, para salir de la cárcel por la pandemia del Covid-19. Su historial médico incluye enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, entre otras cosas.

En septiembre del año pasado, luego de varios intentos fallidos, el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó arresto domiciliario por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente. La Justicia dispuso que ese destino se mantenga bajo reserva, aunque fuentes con acceso al expediente dijeron que sería en un barrio privado de la localidad de Canning.

Los vecinos de Ayres de Pilar se negaron a recibirlo (Franco Fafasuli)

En los últimos meses, el empresario recibió muy pocas visitas. Su nuera, la esposa de Martín, cada tanto lo visita junto a sus hijos. “Por cada visita hay que pedir un permiso”, dijo un allegado.

El mayor de los hijos de Báez sigue detenido, aunque en los últimos meses fue transferido a la unidad 31 de Ezeiza, donde tiene mayores comodidades. En la intimidad, Martín se queja que ya no recibe la misma atención de sus abogados. De hecho, en la última audiencia del juicio no estuvo presente cuando el presidente del tribunal lo convocó para decir sus últimas palabras. “Los abogados nunca me avisaron”, se quejó luego ante un familiar.

Preocupado por las consecuencias de la pandemia, el empresario ya se anotó para recibir la vacuna, confirmaron fuentes de su defensa. Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires explicaron que la vacunación de los presos estará a cargo del Servicio Penitenciario. Pero la situación del empresario es especial porque está en una casa. “Deberá pedir un permiso para que la custodia lo acompañe hasta el lugar de vacunación”, respondió una fuente judicial. La misma situación podría darse con otros detenidos por causas de corrupción que tienen domiciliaria como Amado Boudou y su socio José María Nuñez Carmona.

Antes de poder vacunarse, Báez deberá enfrentar el final del juicio oral por “la ruta del dinero K”. El TOF 4 retomará las audiencias el próximo miércoles con las últimas palabras de los acusados. Si no hay sorpresas, el miércoles 10 podría conocerse la sentencia, que ya estaría redactada.

Báez arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de casi 55 millones de dólares, que incluyó la compra del campo “El Carrizalejo”. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Sobre el final del juicio, sus abogados defensores intentaron instalar la idea de una “operación de inteligencia estatal y paraestatal” con “la participación de los medios de comunicación”. Además atacaron al arrepentido Leonardo Fariña y trataron de desligar a Báez de la financiera SGI. Pero la prueba recolectada a lo largo del juicio sería abrumadora y el empresario se encamina a una condena importante.

¿Volverá a la cárcel si es condenado? Es poco probable, aunque el TOF 4 nunca estuvo de acuerdo con darle el beneficio de la domiciliaria.

La condena contra Báez, si se concreta, tendrá consecuencias directa sobre todos sus bienes, incluyendo las cuentas en el exterior, y podría impactar en otros juicios. Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba tomó en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.

Fuente. Infobae