El detenido empresario Lázaro Báez volvió a negar este martes haber «lavado» 60 millones de dólares y reclamó que lo dejen participar de la vida de Austral Construcciones, la firma con la que accedió a la mayor cantidad de contratos de obra pública.
El empresario, que amasó su fortuna como concesionario del Estado, fue trasladado desde el penal de Ezeiza hasta los tribunales de Comodoro Py para ampliar declaración indagatoria en el marco de la causa por la que se encuentra detenido, pero se negó a responder preguntas e hizo un descargo por escrito.
Báez acompañó el escrito de 62 páginas con otros cuatro en el que solicitó distintas medidas, como la de apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la de reactivar la vida productiva de Austral Construcciones, algo que no dependería de la justicia.
«El eje descargo de Báez pasó por poner a resguardo a sus hijos. Atacó las medidas y las pruebas que señalan que la ruta del dinero lavado incluye movimientos en Suiza a través de cuentas vinculadas sus hijos», sintetizó una fuente con acceso al expediente.
Entre los escritos presentados junto con su descargo ante el juez Sebastián Casanello, Báez pidió la nulidad de su ampliación de indagatoria y de la denuncia presentada por la UIF en junio de 2006, en la que aparecen las referencias a las cuentas de Suiza.
La defensa de Báez, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi, sostuvo que las presentaciones de la UIF están basadas en informes de inteligencia y no fueron acompañadas por documentos respaldatorios, por lo que no pueden ser tomados como prueba.
En otro de los escritos apunta contra el organismo que depende del Ministerio de Hacienda y solicitó que se declare inconstitucional un decreto del 2008 a través del cual el Poder Ejecutivo autorizó a la UIF a intervenir como querellante en distintas causas.
El empresario detenido también hizo un presentación para que se le aplique la ley más benigna en materia de lavado de dinero: dijo que hasta 2011 no se perseguía el lavado de dinero propio («autolavado») por lo cual pidió ser beneficiado.
El cuarto pedido estuvo vinculado con la empresa Austral Construcciones; el empresario pidió que la firma vuelva a «funcionar con normalidad» y que lo dejen «participar de la vida de la empresa», lo que se traduciría en recobrar su papel en la toma de decisiones.
Las fuentes judiciales consultadas por Télam resaltaron que no hubo en el trámite del expediente decisiones que afectaran el proceso de toma de decisiones de Austral Construcciones y que solo fueron designados dos «interventores informantes» que ejercen una suerte de auditoria sobre la empresa.
La maquinara de la empresa, por otra parte, fue otorgada bajo la modalidad de «guarda judicial» a la Dirección de Vialidad Nacional y estarí en condiciones de ser utilizada por la empresa si la precisara para el desarrollo de su actividad comercial.
Báez ingresó al juzgado de Casanello, en el 4 piso de los tribunales de Comodoro Py (Retiro), minutos antes de las 10, con casco y chaleco antibalas y escoltado por efectivos del Grupo Especial de Intervención (GEI) que portaban sus habituales armas largas.
El empresario nacido en Corrientes estuvo en el juzgado durante poco más de una hora y cerró la ronda de 27 indagatorias dispuestas en la investigación por lavado de dinero por la que fueron interrogados también sus cuatro hijos, Melina, Leandro, Martín y Luciana.
Los Báez fueron acusados de formar parte de un «entramado societario, para realizar operaciones de lavado de dinero» con fondos ilegítimos que fueron expatriados y terminaron depositados en cuentas bancarias de la Confederación Suiza, entre otros países.
Por estos mismos delitos fueron indagados además Jorge Chueco -abogado de Báez y Daniel Perez Gadín, su contador, los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña y ex jerárquicos y apoderados de Austral Construcciones y otras empresas del grupo.
El dueño de Austral Construcciones ya está procesado por lavado de activos por orden de Casanello, quien lo detuvo hace un año y además fue procesado por defraudación con la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz y en la causa «Los Sauces».
La Cámara Federal porteña ordenó la semana pasada a Casanello y al fiscal del caso, Guillermo Marijuán, que profundicen la investigación para determinar si el lavado de activos del que se acusa a Báez se vinculó a ilícitos con obra pública en los gobiernos kirchneristas.
Fuente: Telam
